Luego del naufragio de la lancha de cabotaje Angy en el que murieron cuatro personas —dos ecuatorianos y dos extranjeros— hay preocupación en torno a la afectación que el siniestro pueda traer al turismo, actividad de la que vive directa e indirectamente el 85 % de habitantes de las islas Galápagos.

El siniestro ocurrió el domingo 25 de septiembre, mientras la embarcación cubría la ruta Isla Isabela-Santa Cruz. En este caso se habrían cometido al menos cinco contravenciones registradas en la Ley Orgánica de Navegación, Gestión, Seguridad y Protección Marítima. Una de ellas, según versiones de los pasajeros, es que la lancha navegaba con motores defectuosos.

Cómo se investigarán las responsabilidades por hundimiento de lancha en las islas Galápagos

Ángel Yánez, alcalde de Santa Cruz, indicó que, de los dos integrantes de la tripulación, el marinero ya rindió su versión ante la Fiscalía; no así el capitán, de quien extraoficialmente se conoce que estaría prófugo.

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“Nosotros lo tenemos como desaparecido, porque dentro de la lista de las personas que rescataron no estaba. Pero, por versiones de los pasajeros que pudimos recoger, ellos indican que el capitán saltó a tierra; entonces, prácticamente sería prófugo, pero no podemos nosotros dar esa versión mientras no sea oficial por parte de Fiscalía”, comentó él.

Agregó que desde el domingo la Policía ejecuta allanamientos para dar con el paradero del hombre y que rinda su declaración en primera instancia.

Según Yánez, la embarcación tenía permiso para hacer transporte de pasajeros, es decir, cabotaje; sin embargo, el capitán presumiblemente tenía una matrícula (autorización para pilotear la lancha) prestada.

“Tenemos un control de pasajeros que ingresan y salen vía aérea de Galápagos hacia el continente y viceversa; y, en ese control, el capitán de la embarcación se encontraba en Guayaquil”, señaló.

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Otra de las infracciones que se conocen del caso es que la lancha, con capacidad para 32 pasajeros, llevaba aparentemente 39 (catorce turistas nacionales y extranjeros), es decir, navegaba con exceso de personas. Las tareas de búsqueda terminaron el lunes 26, a las 13:00. Los rescatados con vida fueron derivados a casas de salud y ya fueron dados de alta.

La embarcación naufragó la noche del domingo 25 de septiembre. Producto del siniestro hubo cuatro fallecidos: dos ecuatorianos y dos extranjeros. Foto: AFP

El martes 27 regresaron a sus lugares de origen, mientras que los cadáveres de las cuatro víctimas fueron trasladados a Quito y Guayaquil.

El alcalde de Santa Cruz cree que este accidente debe servir de precedente para que cada autoridad asuma sus responsabilidades y que no se repita un siniestro similar, que afecta al turismo principalmente. El funcionario contó que conoce que la embajada de Estados Unidos ya alerta a los ciudadanos de dicho país de que tengan más cuidado al viajar a Galápagos.

”Eso, obviamente, nos va a afectar, porque de Estados Unidos es la mayor cantidad de turistas que vienen hacia Galápagos. Y esperemos que en los próximos meses no nos afecte”, refirió el funcionario, y añadió que el turismo se está reactivando en las islas en un 80 % tras la pandemia del COVID-19.

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Para Yánez, en este caso hubo “irregularidades” en cuanto al control a cargo de la capitanía de puerto, ya que dicha instancia —dijo— supervisa matrícula del capitán, documentos de la embarcación, número de pasajeros, instrumentos de navegación (chalecos salvavidas y combustible), entre otros aspectos.

La lancha tenía tres motores, pero fallaron. La Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea), entidad de la Armada, asoció esas fallas y problema de combustible al percance que sufrió la embarcación.

‘Si la embarcación hubiera tenido chalecos se hubieran salvado esas vidas’: una de las pasajeras de lancha que se hundió en Galápagos cuenta lo que vivió durante percance

Según dicha instancia, la tripulación solo notificó al armador sobre el combustible y arreglo de motores, pero no llamó a la autoridad marítima ni al ECU911. Únicamente cuando se vieron perdidos notificaron de la emergencia al ECU911, sostuvo la Dirnea.

De ahí que, a más del proceso iniciado de oficio por la Fiscalía, la Armada nombró dos comisiones especializadas en seguridad marítima para la investigación del naufragio.

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Paola Solís, psicóloga que vive en Puerto Ayora, cabecera cantonal de Santa Cruz, brindó apoyo emocional a varios pasajeros que sufrieron el percance. Ella consideró que, para que percances como este no se repitan, deben aplicarse las sanciones de ley a las instituciones responsables de los controles y de auxilio, pues a su juicio hubo negligencia.

“Aquí es muy importante determinar la falta que hubo de respuesta efectiva que hubiera prevenido la desgracia, porque hubo muchas oportunidades de que esto no suceda y no hubo una respuesta”, expresó, y añadió que hace falta que las leyes y protocolos existentes que rigen el transporte de pasajeros entre islas se cumplan con rigurosidad. (I)