Médicos y gremios piden que se derogue el decreto que eliminó al Instituto Nacional de Higiene Izquieta Pérez, además de repotenciarlo como anunció ministra

En agosto del 2012, por medio del Decreto Ejecutivo 1290 firmado por el entonces presidente Rafael Correa Delgado, se materializó como tal el cierre del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez (INH) para dar paso a dos nuevas entidades: el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (Inspi) y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

Estas dos últimas entidades asumían parte de las funciones del Izquieta Pérez. Ocurrió en el tiempo de Carina Vance, quien era la titular del Ministerio de Salud. Ahí se dijo que este cambio era parte de la política del Gobierno de entonces para “fortalecer las gestiones de acuerdo a las competencias” de las entidades y “para brindar servicios de calidad a la ciudadanía”.

Desde entonces hubo reclamos, protestas, cartas y acciones, sin éxito, por parte de gremios médicos y de la sociedad civil para evitar el cierre del INH, creado en octubre de 1941.

Y estos llamados a que se reaperture o vuelva el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez, como era en su concepto inicial, tomaron fuerza el año anterior con la llegada de la pandemia del COVID-19 a Ecuador. Ahí, médicos, epidemiólogos y salubristas coincidieron en que este centro hubiese ayudado en gran medida a evitar la propagación del virus, a identificarlo, a estudiarlo, a contrarrestarlo… y también se hubiese puesto en marcha la elaboración de vacunas propias para frenar la enfermedad.

Y parte de aquel pedido y anhelo de médicos y grupos ecuatorianos se plasmó la mañana del 16 de junio cuando la ministra de Salud, Ximena Garzón, del gobierno de Guillermo Lasso, anunció que se busca repotenciar el Instituto Izquieta Pérez para que sea un centro de investigación y de producción de vacunas.

Por el momento elaboran un diagnóstico de la entidad para luego diseñar un plan para repotenciarlo. Los resultados de esta evaluación estarán en unos dos meses, calculó Garzón, quien agregó que en estas tres semanas en el ministerio están recorriendo y viendo la situación en los diferentes sectores de esa cartera de Salud.

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Aquel anuncio trae algo de esperanza, cuentan médicos consultados.

Pero no solo quieren que se hable de repotenciarlo o de mejoras, sino que se derogue el Decreto Ejecutivo 1290 con el cual se dejó sin efecto al original INH.

Solo con la derogatoria, el INH puede reactivarse, adicional al presupuesto, equipamiento, personal y otros elementos que necesita para cumplir las funciones que tenía antes de su cambio en el 2012, exponen los galenos.

Para el epidemiólogo Francisco Andino, exministro de Salud de Ecuador y coordinador de Protocolo del Foro Permanente de la Salud, el cierre del Izquieta Pérez es, como él califica, parte del “desmembramiento” y constituye uno de los “crímenes de salud pública en Ecuador”, que ahora con la pandemia del COVID-19 pasó factura, “todo el sistema sanitario fracasó”, dice. Y considera que debe investigarse y hacerse un seguimiento hasta político por lo que se dejó.

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“El Instituto Nacional de Higiene cumplía cinco funciones: la función de investigación, de cero prevalencias, de generación de biológicos, de seguimiento entomológico y obviamente, entre lo biológico, estaba el tema de los antivenenos (antídotos) de mordeduras de serpientes (decían cuando justificaron su cierre) que costaba al país un ‘ojo de la cara’, cuando producir era de $ 13 la ampolla, necesitando menos de la mitad de lo que se compraba o se compra a Costa Rica y a Brasil con especies que no son nuestras y que hemos tenido que necesitar doble dosis a costo cerca de $ 300 cada ampolla”, expone Andino.

El doctor Francisco Plaza Bohórquez, comisionado de Salud del Colegio de Médicos del Guayas, cuenta que sería muy beneficioso para Ecuador reabrir el INH en su concepto original. No como se hizo en el gobierno de Lenín Moreno, en abril pasado, que fusionó la Arcsa con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) y les puso el nombre de Agencia de Regulación, Control, Vigilancia y Aseguramiento de la Calidad Sanitaria y Medicina Prepagada (Arcsamed) doctor Leopoldo Izquieta Pérez.

“Le puso el mismo nombre Leopoldo Izquieta Pérez, pero que distaba mucho de ser el instituto de tanto prestigio que conocemos. La ministra debería sumarse a nuestro petitorio y pedirle al presidente Lasso que derogue el Decreto Ejecutivo 1290 del 2012, mediante el cual se desarticuló al instituto”, sugiere Plaza, quien agrega que esas dependencias deben ser presididas por médicos o incluso un químico farmacéutico en el caso del Arcsa, quienes conocen de cerca el manejo de temas como alimentos, fármacos y demás en cuanto a su calidad, composición y otros.

El 9 de junio último, el presidente Lasso derogó la fusión de la Arcsa con la Acees y les devolvió su personería jurídica. (I)