Al llegar fin de mes, las cuentas se acumulaban: tarjetas de crédito, arriendo, servicios básicos. El sueldo básico que recibía como administradora de un almacén en el centro de Guayaquil apenas le alcanzaba para la comida y cubrir la mayor parte de la pensión escolar de sus dos hijos. Con los ‘cachuelos’ de su pareja, desempleado desde hace casi dos años, pagaba la mitad del alquiler de la casa. Era ‘angustiante’, relata Marina, porque no sabían cuándo los podrían desalojar.
Las deudas la agobiaban, por lo que meses antes de que se caducara su visa decidió migrar como turista a Estados Unidos. Ha pasado casi un semestre y por el momento no piensa en regresar. Cada quince días envía dinero para sostener a sus pequeños, a quienes quiere llevar consigo cuando encuentre estabilidad laboral. No ha pensado aún en la forma, pero -asegura- no arriesgaría sus vidas al llevarlos de forma irregular, como miles de ecuatorianos lo intentan con la esperanza de encontrar oportunidades y mejorar su calidad de vida en Norteamérica.
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“Si mi esposo hubiese encontrado un trabajo, no habría dejado a mis hijos ni a mi país”, reflexiona esta guayaquileña, de 41 años, quien fue acogida en la casa de una tía y tiene dos empleos: en el día cuida a un adulto mayor y en las noches atiende un local de comida en un barrio de Nueva Jersey.
La migración de ecuatorianos, de forma regular o irregular, sigue en crecimiento. Miles de connacionales son detenidos en las fronteras con Panamá, México y Estados Unidos; y más de un millón de compatriotas tienen la intención de salir del país, según un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Ecuador, que se publicará a finales de este mes.
Ante esta problemática se requieren acciones, medidas y trabajo coordinado entre los municipios, prefecturas y el Gobierno nacional, para frenar o reducir esta nueva ola migratoria desde las ciudades donde hay mayor incidencia de migración, según coinciden expertos, dirigentes y autoridades locales.
“Mientras no exista una atención focalizada en estos sectores, se va a seguir dando, es una suerte de éxodo, de gente que vende todo lo que tiene para poder asumir este desafío y se da cuenta fuera del país o en camino a su destino de que no tiene dinero para continuar y quedan mucho más vulnerables antes de haber salido”, señala la OIM, organismo que considera necesario ‘unir esfuerzos’ con -por ejemplo- programas de ‘migración circular’: “Apoyar al Gobierno para que de forma temporal pueda promover la salida o la migración a otros países por un tiempo, para que las personas puedan regresar después de haber obtenido experiencias e incluso medios para poder restablecerse en sus comunidades de origen”.
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En el Plan de Acción contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (TIM) 2024-2030, del Ministerio del Interior, esta entidad de control registra 2.445 casos de víctimas de este delito entre el 2019 y septiembre del año pasado. El 46 % (1.119) de ellos pertenecía a Cañar y Azuay, provincias que encabezan las denuncias por este ilícito y en donde se ha normalizado la ‘cultura’ de migrar , que ha causado la reducción de su población en algunas localidades.
En Gualaceo (Azuay), por ejemplo, hubo una disminución del 10 % de sus habitantes en los últimos trece años, al comparar los 42.709 residentes que tenía en 2010 frente a los 38.587 censados por el INEC el año pasado. Y en un intento de reducir esta compleja situación, el alcalde (s) Wilson Lucero asegura que han realizado -por ejemplo- ocho ferias de emprendimiento en los últimos tres años para que más de mil artesanas comercialicen sus productos en la plaza cívica de este cantón.
En estas exposiciones, las participantes vendieron sus artesanías por un total de $ 235.658, según datos del cabildo. También, sostiene que con apoyo de la Prefectura se capacitó a artesanos y sus familias en tinturado con productos naturales de lana de oveja e hilo de algodón, diseño de prendas, elaboración de jabones; se entregaron 1.200 plantas medicinales y aromáticas para el cultivo y elaboración de jabones y 1.600 árboles frutales y abonos para sembrar en zonas productivas; y, además, a través de convenios con universidades se les ha dado ‘soporte permanente’ a quienes elaboran macanas, calzado y productos con paja toquilla, para mejorar sus procesos y que aprendan a vender sus creaciones en redes sociales.
Luis Flores, exrepresentante de Conagopare de Cañar (2014-2019), sugiere que el Gobierno debe enfocarse en rescatar la agricultura: “Que se empiece a producir urea e insumos amigables con el medioambiente para ya no utilizar agroquímicos; que los gobiernos parroquiales tengan una máquina aradora que alquile a menos costo que los empresarios; que el Ministerio de Agricultura haga estudios de suelo para ver qué se necesita para mejorar los cultivos; y que haya centros de acopio en donde (los agricultores) entreguen el producto, se les pague el precio justo y otras entidades realicen la distribución”.
También, el exdirigente pide que haya coordinación entre las entidades públicas para que no se entreguen los mismos productos. “Hay gobernadores, municipios, parroquias, que vienen y dicen ‘vamos a hacer un proyecto avícola’ y donan pollos, viene la parroquia y da lo mismo, viene la prefectura y hace lo mismo. Estamos despilfarrando los recursos (...), si uno da pollo, otro debe incentivar los cultivos, dar insumos, se debe coordinar”, refiere.
Mientras que en el plan del Ministerio del Interior, el gobierno de Daniel Noboa detalla una lista de acciones para prevenir el delito del tráfico de migrantes, como el patrullaje fronterizo; tecnificación de los procesos de emisión de documentos de identidad y de viaje para que los conocidos coyoteros no puedan falsificarlos; identificación temprana de víctimas; y la capacitación y aplicación de técnicas de inteligencia para detectar, investigar y desarticular estas redes criminales que usan como fachada agencias de viajes y anuncios en redes sociales para promocionar sus viajes.
Con otras entidades públicas se plantea, según el informe gubernamental, trabajar en el acceso de unidades de control migratorio a documentos emitidos por notarías, para identificar ‘potenciales víctimas’; implementar monitoreo de personas con padres en el exterior que podrían ser víctimas de estas redes, para impedir su migración riesgosa; difundir la línea gratuita 1800 delito para reportar casos de tráfico de migrantes; otorgar visas humanitarias a víctimas de este ilícito; e incorporar a las víctimas en programas de empleo y fomento productivo.
En esa línea, el Ministerio de Trabajo reportó la contratación 339.150 trabajadores, en su mayoría jóvenes, en seis meses. La titular de esta cartera de Estado, Ivonne Núñez, aseguró para este Diario que actualmente se están gestionando convenios de empleabilidad con holdings empresariales para abrir nuevas plazas laborales para mayores de 30 años y mujeres.
El fomento del empleo es clave, según expertos, para que los ecuatorianos que piensan en migrar reconsideren esa alternativa y eviten exponerse a los riesgos y amenazas de los que suelen ser víctimas los compatriotas que siguen rutas irregulares para llegar a Estados Unidos. (I)
