Luego de nueve años de la firma del contrato de concesión bajo la modalidad de Alianza Público – Privada (APP), con el consorcio colombo-ecuatoriano Consur S.A., para ampliar y modernizar la carretera Río Siete –Huaquillas, fue intervenida por el gobierno de Daniel Noboa.
La decisión fue anunciada por el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, la mañana del viernes 28 de marzo en Machala, marcando el inicio de una intervención estatal.
Previo al anuncio, el gobernador de El Oro, Jimmy Blacio, ya había advertido sobre la medida, asegurando que “la paciencia se acabó” y que el Gobierno estaba listo para actuar.
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Con esta acción, el Estado busca poner fin al pago de peajes por una autopista que no se ha concluida.
De acuerdo con Blacio, el contrato con la concesionaria privada se firmó en 2016, pero solo habría beneficiado a la empresa mientras que los usuarios convivían con problemas de deterioro.
Ahora, la intervención gubernamental, según autoridades, garantizará que cada $ 1 recaudado en peajes se invierta directamente en la obra, aseguró Luque.
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“Esto no puede seguir así. La intervención es inmediata y todo recurso se destinará a culminar la vía. Este es un acto de justicia para el pueblo”, enfatizó el ministro, quien aseguró que no habrá más demoras en la ejecución de los trabajos.
La decisión de intervenir se basó en el incumplimiento de la concesionaria, que había justificado la falta de mantenimiento en la etapa invernal.
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Sin embargo, el Gobierno, amparado en una cláusula del contrato, procedió con el nombramiento de un interventor de “confianza” que estará a cargo de la administración.
“Si ellos no pueden, nosotros sí lo haremos”, afirmó Luque.
Además, advirtió que se investigará a fondo el manejo de la concesión, pues existen indicios de actos irregulares que no queden impunes.
El funcionario mencionó que el compromiso del Gobierno es culminar la obra sin más retrasos y reparar los daños causados por la negligencia de la concesionaria.
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“El Estado no permitirá que los intereses privados sigan afectando a la ciudadanía”, sentenció el ministro.
El nuevo interventor, Eduardo Falquez, asumió oficialmente la administración de la concesión tras la rueda de prensa. Con su designación, el Gobierno busca garantizar transparencia en el proceso y avanzar con las obras que la provincia de El Oro ha esperado por demasiado tiempo. (I)
