El pasado 20 de enero de 2025, poco tiempo después de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump designó a ocho grupos criminales de América Latina como “terroristas globales”.
Entre ellos se encuentra el Tren de Aragua, una organización criminal que surgió en una cárcel del estado Aragua (Venezuela) en 2014 y cuyos integrantes han sido vinculados a delitos como narcotráfico, secuestros, robos, extorsión y prostitución.
Inmediatamente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en conjunto con la DEA y el FBI, llevó a cabo operativos en distintas ciudades de Estados Unidos con alta presencia de inmigrantes venezolanos, deteniendo a numerosos sospechosos de pertenecer a la banda.
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Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y abogados han denunciado que, en medio de estas redadas, se han arrestado y deportado personas sin conexión alguna con la organización criminal.
El 15 de marzo, 238 venezolanos acusados de ser miembros del Tren de Aragua fueron deportados a El Salvador y encarcelados en una prisión de máxima seguridad.
Esto ocurrió a pesar de que James Boasberg, juez de una corte del distrito de Washington, había ordenado la suspensión de las deportaciones para que los migrantes pudieran impugnar las acusaciones en su contra.
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Mientras que la Casa Blanca sostiene que la deportación de los migrantes venezolanos está justificada bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798, pero en qué se basan estos arrestos.
¿Cómo Estados Unidos determina quiénes son miembros del Tren de Aragua?
La administración de Trump ha utilizado un polémico sistema de puntos para determinar la presunta afiliación de un inmigrante al Tren de Aragua.
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De acuerdo con un documento presentado como evidencia por la American Civil Liberties Union (ACLU), cualquier persona que sume ocho puntos en una evaluación específica es catalogada como miembro de la organización criminal y, por ende, como “enemigo extranjero”.
Este formulario comienza con tres requisitos básicos: la persona debe ser venezolana, tener al menos 14 años y no poseer ciudadanía ni residencia legal en Estados Unidos.
Luego, se evalúa una lista de 20 criterios divididos en seis categorías:
- Sentencias Judiciales
- Documentos Oficiales
- Autoadmisión
- Conducta Criminal e Información
- Documentos y Comunicaciones
- Simbolismo y Asociación.
Algunos de los aspectos que suman puntos incluyen:
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- Haber sido condenado por delitos vinculados al Tren de Aragua (hasta 10 puntos).
- Autodeclararse miembro de la banda ante un agente de la ley (10 puntos).
- Tener tatuajes o símbolos asociados a la organización (hasta 4 puntos).
- Aparecer en fotografías con presuntos miembros de la banda (2 puntos).
- Comunicarse con personas identificadas como miembros del Tren de Aragua (hasta 10 puntos).
- Ser señalado por testigos o informantes (hasta 3 puntos).
Si un individuo alcanza los ocho puntos, se le emite una orden de deportación inmediata bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, sin derecho a apelación ni revisión judicial.
Si obtiene entre seis y siete puntos, el caso es revisado por un supervisor antes de proceder con la deportación. Aquellos con cinco puntos o menos no son considerados miembros de la organización en ese momento, aunque podrían ser objeto de otros procesos migratorios.
Desde el inicio de las deportaciones, familiares y defensores de los derechos de los migrantes han denunciado que muchos de los detenidos fueron identificados erróneamente, basándose en prejuicios relacionados con su nacionalidad, apariencia o tatuajes.
La ACLU ha presentado una demanda argumentando que el sistema de puntos carece de precisión y puede llevar a la criminalización de personas inocentes.
Según los abogados de la organización, este método ignora contextos individuales y no permite que los afectados defiendan su caso antes de ser deportados.
(I)
