México enfrenta números récord de detenciones de extranjeros, las solicitudes de refugio están disparadas, y crecen la presencia de redes de traficantes de migrantes y el avance de caravanas hacia Estados Unidos pese a los intentos del Gobierno de frenarlas.

“Es un momento de muchas crisis pasando al mismo tiempo. Hay en ambas fronteras una gran concentración de migrantes centroamericanos y se han disparado las solicitudes de refugio porque México ya no es visto como un país de tránsito sino de destino”, dijo Eunice Rendón, experta en migración y seguridad, que hizo este diagnóstico este sábado 18 de diciembre, que se se recuerda el Día Internacional del Migrante.

Los números hablan por sí solos. Entre enero y octubre de este año, las autoridades mexicanas arrestaron a 228.000 migrantes y deportaron a más de 82.000, unas cifras no vistas en más de 15 años.

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Además, 123.000 migrantes han solicitado refugio en los primeros 11 meses de 2021, otro récord absoluto pues en años anteriores el país recibía unas 40.000 peticiones.

En este contexto, el restablecimiento este diciembre del programa estadounidense “Quédate en México”, que obliga a los extranjeros a esperar en México mientras una corte evalúa su solicitud de asilo, ha sido recibida con enorme decepción y preocupación entre la comunidad migrante y activistas.

Este programa, conocido formalmente como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés) e impulsado por Donald Trump (2017-2021), dejó en su momento varadas a más de 70.000 personas en la peligrosa frontera norte mexicana durante meses.

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La suspensión de este programa había sido una medida estrella del Gobierno de Joe Biden, pero el Supremo estadounidense dio la razón a un juez federal para su restablecimiento.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador aceptó cooperar en la reinstalación del polémico programa a cambio de que se mejore la financiación de albergues y la asistencia médica de los migrantes.

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Eunice Rendón admitió que Biden tiene un lenguaje “mucho más amable y simbólico” hacia la migración, pero a la vez recordó que el presidente demócrata está usando como nunca el Título 42, que permite expulsar rápidamente a migrantes bajo el pretexto de la pandemia.

“Biden dijo que ayudaría a los migrantes que ya estaban en Estados Unidos a legalizarlos con una reforma migratoria pero jamás prometió que iba a aceptar a más migrantes”, recordó.

Más caravanas

A pesar de que persisten las restricciones para entrar a Estados Unidos, en los últimos meses se han vuelto a organizar caravanas de migrantes, en su mayoría centroamericanos y haitianos, que atraviesan México con destino a Estados Unidos empujados por los efectos devastadores de la pandemia.

En 2019, ante las amenazas de Trump, el Gobierno mexicano militarizó su frontera con Guatemala para contener estos flujos y desde entonces ninguna caravana había logrado avanzar mucho.

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Pero la semana pasada, un contingente de 300 personas llegó a la Ciudad de México, se enfrentó con un fuerte contingente policial que le impedía el paso y se instaló en un campamento donde decidirán si prosiguen hacia Estados Unidos.

Irineo Mujica, activista de Pueblos Sin Fronteras que acompaña la caravana, dijo a Efe que la política migratoria de López Obrador es “la más dura de la última década” y acusó a las autoridades de haber combatido a los migrantes con “tortura física y psicológica” durante los más de 1.100 kilómetros de recorrido desde la frontera con Guatemala hasta la capital mexicana.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) constató en un informe publicado el martes que los agentes migratorios hicieron un “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza durante los operativos” para frenar el avance de la caravana.

De hecho, la caravana partió en octubre del estado de Chiapas, frontera con Guatemala, con miles de integrantes pero perdió fuelle por arrestos, migrantes que se entregaron o que aceptaron visados humanitarios condicionados a quedarse en el sur del país.

Mafias y tragedias

Pero la tragedia de la migración se evidenció de forma cruenta el pasado 9 de diciembre cuando murieron 56 migrantes al volcar un camión de traficantes de personas en el sureño estado de Chiapas, frontera con Guatemala.

Los Gobiernos de México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Ecuador y República Dominicana anunciaron la creación de un Grupo de Acción Inmediata para dar con los responsables.

Según expertos, el crimen organizado cobra a los migrantes entre 3.000 y 15.000 dólares para trasladarlos y ayudarlos a cruzar la frontera con Estados Unidos.

“Han encontrado una vertiente de negocio que se comete en plena impunidad”, señaló Rendón ante la falta de arrestos contra estas mafias.

Frente esta tormenta perfecta, López Obrador insiste en la necesidad de un plan de desarrollo económico para Centroamérica, y Estados Unidos ya ha anunciado algunas inversiones. Pero los expertos coinciden que los resultados tardarán años. (I)