Veintiún militares y un civil que fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia por actos de crímenes de guerra y de lesa humanidad reconocieron su responsabilidad en el asesinato de hasta 247 jóvenes inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras en combate, en el caso conocido como “falsos positivos”.