El fiscal anticorrupción peruano José Domingo Pérez abrirá y extraerá información de los teléfonos móviles del fallecido expresidente Alan García este viernes, como parte de la investigación por lavado de activos y colusión contra varios de sus exfuncionarios, informó este jueves el Ministerio Público.

Pérez realizará la apertura de los equipos en la Oficina de Peritajes de la Fiscalía, ubicada en el centro de Lima, en presencia de los abogados de los hijos y exesposa de García, así como de los investigados, el exministro Enrique Cornejo y el exsecretrario presidencial Luis Nava, entre otros funcionarios del segundo gobierno del líder aprista (2006-2011).

El pasado 24 de mayo, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, que autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de García, cinco años después de su suicidio en Lima.

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El tribunal había declarado infundado el recurso de apelación presentado por su exesposa Pilar Nores y tres de sus hijos Alan García Nores, Josefina García Nores y Carla García Buscaglia.

El colegiado superior determinó que la resolución de primera instancia no vulnera el principio de legalidad procesal penal y que está debidamente fundamentada.

Los hechos del proceso penal están referidos a la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima y la continuación de la construcción del Corredor Vial de la Interoceánica Sur (Tramo 2 y 3).

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El abogado de la familia de García, Erasmo Reyna, declaró a la emisora RPP que era una “aberración jurídica” que se autorice el levantamiento del secreto de las comunicaciones de un fallecido para investigar a ocho coinvestigados vivos.

A comienzos de mayo pasado, el exdirector de la empresa estatal Petroperú, Miguel Atala, declaró en una audiencia judicial que entregó 1,3 millones de dólares a García provenientes de una cuenta que abrió en Andorra a solicitud de Luis Nava y del exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata.

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García se suicidó en 2019 cuando un fiscal acudió a su casa en Lima para proceder con su detención preventiva, a raíz de los millonarios aportes irregulares de Odebrecht para adjudicarse varias obras de infraestructura durante su gestión (1985-1990, 2006-2011). (I)