El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., anunció el viernes el cierre de la industria del juego en línea para acabar con la criminalidad asociada a estas empresas que generan cientos de millones de dólares en beneficios y están dirigidas a extranjeros, principalmente chinos.
En su discurso sobre el estado de la nación, Marcos dijo que la empresa reguladora del juego filipina (PAGCOR) tiene hasta finales de año para acabar con las operaciones de estas compañías que ofrecen servicios de juego y apuestas solo a personas fuera de Filipinas.
“Por tanto, ordeno a PAGCOR disolver y apropiarse de las operaciones de las POGO (siglas en inglés de operadores de juego extraterritorial de Filipinas) para finales de este año”, precisó el mandatario filipino en su discurso en el Parlamento.
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Marcos denunció que estas empresas “bajo la apariencia de legitimidad” vulneran las leyes filipinas con actividades ilegales como “estafa financiera, blanqueo de dinero, prostitución, tráfico de personas, secuestro, tortura brutal e incluso asesinato”.
“El grave abuso y falta de respeto a nuestro sistema de leyes debe parar”, subrayó.
El anuncio provocó una larga ovación con aplausos por parte de los asistentes, según muestras las imágenes del discurso emitido en directo.
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Estos casinos virtuales gestionan páginas web donde se puede jugar a la ruleta, al póker o las tragaperras en versión digital y fueron legalizadas en Filipinas en 2016 bajo la presidencia del Rodrigo Duterte.
Vinculación con delitos
Se estima que unas 41.800 personas, de los que un 18 por ciento eran chinas, trabajan en más de medio centenar compañías de juego digitales que en 2019 aportaron unos 104.000 millones de pesos (unos 1.780 millones de dólares o 1.630 millones de euros) a la economía filipina, según el medio Rappler.
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Sin embargo, estos casinos virtuales también están vinculados a actividades delictivas como lavado de dinero y prostitución y las autoridades de China, donde el juego está prohibido, denunciaron que emplean a ciudadanos chinos en condiciones de “esclavitud moderna”.
Durante su mandato, Rodrigo Duterte (2016-2022) se negó a cerrar estos negocios, al alegar el beneficio económico que suponían para el país. (I)
