Elon Musk, quien está encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) fue demandado por cinco organizaciones ante un tribunal federal de Washington.
Esta situación se presenta porque consideran que Musk violó la ley al exigirle a los empleados federales de la Administración del Seguro Social (SSA) que expliquen sus logros o se arriesguen a ser despedidos, reseña Telemundo Washington.
¿Por qué demandan a Elon Musk en un tribunal federal de Washington?
La SSA se encarga de enviar cheques mensuales a cerca de 70 millones de estadounidenses, esto hace que se le considere como el programa gubernamental más popular de ese país, pues su trabajo es pagar prestaciones de jubilación, de supervivencia y por discapacidad.
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En las últimas semanas, esta agencia federal, al igual que otras, han estado bajo la vigilancia del DOGE, que en la búsqueda de optimizar la eficiencia gubernamental y disminuir tanto el despilfarro como el fraude, ha producido miles de recortes de empleos y el cierre de algunas oficinas y departamentos internos, así como informes de retrasos o suspensión de prestaciones.
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Esto causó que cinco grupos y siete beneficiarios del Seguro Social presentaran una demanda el 2 de abril en un tribunal federal de Washington D.C. bajo la premisa de que los recortes de la SSA afectaron desproporcionadamente a los beneficiarios por discapacidad y por ende, han violado sus derechos constitucionales, explica NewsWeek.
¿Quiénes están en la demanda, más allá de Elon Musk?
Además del empresario, en la demanda figuran la SSA, su comisionado interino Leland Dudek, DOGE y su administradora interina Amy Gleason.
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Esta demanda afirma que los “demandados están llevando a cabo una campaña de desmantelamiento sistémico” a través de la “reducción de oficinas, la reducción drástica de la plantilla en 7.000 empleados, la congelación de contrataciones y la drástica reducción de las horas extra, la consolidación de las oficinas regionales de diez a cuatro y la imposición de una carga abrumadora sobre las oficinas locales de la agencia, obligando a decenas de miles de beneficiarios adicionales a saturarlas cada semana”.
La SSA informó en febrero que su plantilla sufriría una reducción de 57.000 a 50.000 personas, asimismo, que las oficinas regionales pasarían a ser de 10 a 4, y explicó que esta medida optimizaría los niveles redundantes de gestión y disminuiría el trabajo no esencial para la gestión.
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