La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, este 20 de marzo de 2025, calificó el juicio político presentado por la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) en contra de Sofía Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria, acusada de supuesto incumplimiento de funciones.
El asambleísta Xavier Jurado (ADN) acusa a la exsuperintendenta de no llevar a cabo los controles necesarios objeto de su competencia en la supervisión de las organizaciones del sector no financiero, falta de control y supervisión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, y por haber emitido una resolución que deja sin control a las cajas comunales.
La calificación del juicio se dio en la segunda sesión consecutiva de la mesa de Fiscalización, pues en la primera la moción planteada por la legisladora alterna del asambleísta Luis Alvarado (ADN) no fue calificada por la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre (ADN), por contener errores en su presentación.
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Luego la bancada legislativa de ADN, con cinco firmas, solicitó a Pamela Aguirre que reinstale la sesión 104 para proceder a calificar el juicio presentado en contra de Sofía Hernández.
Antes de consignar el voto en contra de la calificación del juicio político, la legisladora Sofía Espín (RC) reclamó a la bancada ADN porque en la sesión anterior habían “copiado” la moción para calificar el juicio a Hernández, donde hacían constar su nombre cuando ella no asistió a la sesión sino su alterno.
Además, el sector de RC cuestionó la implementación de este juicio pues a su criterio es inútil y además lo único que pretendería es demorar el inicio del juicio político en contra de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, que es el siguiente en lista por tramitarse.
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Tras el llamado a votación, cinco legisladores aprobaron la moción de calificación presentada por el asambleísta Luis Alvarado y en contra se pronunciaron los cuatro delegados que tiene la RC, en la mesa de Fiscalización.
La presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, dispuso al secretario que notifique a las partes del inicio de este proceso de juicio político que se inicia con la etapa de presentación de pruebas de cargo y de descargo, para lo cual tienen un plazo de quince días. (I)
