Arianna Tanca: La política criminal es integral, transversal, por eso es necesario hablar del enfoque de género y de los derechos humanos

Arianna Tanca Macchiavello señala que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos que dirige no solo que asumirá una nueva competencia, la política criminal, sino que por fin podrá institucionalizarse como tal.

Esto es parte de la transformación anunciada por el Gobierno en cumplimiento de la Ley orgánica reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral, en vigencia desde marzo del 2023.

Tanca cuenta que, tal como está planteada la norma, el Ministerio de la Mujer estaba destinado a desaparecer, pero el régimen decidió mantenerlo y fortalecerlo.

Aún no se dicta el decreto ejecutivo de su creación porque se están afinando algunos temas, como su estructura orgánica y su presupuesto.

¿Cómo se realizará esta transformación en el ministerio?

Lo más importante es informar a la ciudadanía que el ministerio no va a desaparecer. Continúa con su nombre Ministerio de la Mujer, Derechos Humanos y Política Criminal. Yo voy a seguir a cargo y la transformación de la que habló el viceministro Esteban Torres se refería únicamente a las competencias.

En enero del 2023 se aprueba la ley -dicho sea de paso- por unanimidad en el Parlamento y en ella se establece que el ente rector de la política criminal será un ministerio dotado de independencia administrativa y financiera, y además será el ente rector de los derechos humanos y la política criminal.

Y luego procede a detallar todas las competencias que debería tener este ministerio. En esas competencias se describen el tema de la política criminal, pero además se habla de prevención y erradicación de violencia contra la mujer, de la rectoría y la transversalización del enfoque de derechos humanos en el Estado, y también la protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Todas esas competencias son las que hoy tiene el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.

En estricta interpretación de la ley podríamos decir que incluso las y los asambleístas votaron para que este ministerio desaparezca. Están proponiendo quitar unas competencias para crear otro ministerio, porque dos no pueden tener las mismas competencias.

Pero desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el resto de carteras que tienen competencia en esta materia logramos que se mantenga la institucionalidad del ministerio, que la interpretación de la ley sea únicamente adquirir las competencias, no así que se elimine el ministerio o que cambie por completo su estructura.

La ley entró en vigencia en marzo del 2023 y disponía que en 90 días debían realizarse los cambios, pero no se hicieron. Ahora lo estamos retomando, y esto muestra el compromiso de esta administración bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa.

Pero ya en lo práctico, ¿cómo funcionará el ministerio, teniendo ahora estas tres competencias? ¿Cómo hacer para que una cosa no se superponga sobre las otras?

Yo estoy de acuerdo en que ese es un debate absolutamente válido. Sin embargo, ya es extemporáneo porque se tuvo que haber tenido en las comisiones, en el pleno, porque la ley se aprobó por unanimidad y no hubo ni una sola observación al respecto. El articulado es muy claro. No dice que se crea un ministerio aparte para la competencia de la política criminal sino que el ente rector de la política criminal será el ente rector de los derechos humanos. ¿Y cuál es hoy el ministerio que tiene la rectoría de derechos humanos? El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Por ahora no hay un decreto ejecutivo oficial para la creación, el Ministerio de Economía y Finanzas está realizando un dictamen financiero, que es necesario antes de la firma.

Con respecto a cómo va a funcionar, será igual que, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que tenemos tres competencias. Cada una tendrá su estructura orgánica, con subsecretarías, direcciones, etcétera. Tal como funciona hoy el ministerio, que de hecho tiene el despacho, dos subsecretarías y cada una con sus directores en un área muy específica.

Y para eso vamos a contar con un nuevo presupuesto. No puedo decir si va a ser un dólar más o si va a ser 1 millón de dólares más. Pero habrá un nuevo presupuesto que permitirá operativizar esta nueva competencia. No es que se le va a quitar presupuesto a la Subsecretaría de Derechos Humanos o a la Subsecretaría de Prevención y Erradicación de Violencia en Contra de las Mujeres, Niñas y Adolescentes. Tampoco vamos a quitar personal de una subsecretaría para llevar a otra.

¿Entonces se contratará más personal para lo que sería la Subsecretaría de Política Criminal?

Claro, claro. La estructura orgánica del nuevo Ministerio de la Mujer, Derechos Humanos y Política aún no está definida, estamos aún trabajando en eso. ¿Y por qué hablo de un nuevo ministerio? Porque si bien se llama Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, aún sigue funcionando con la estructura de secretaría que tenía antes. El ministerio se crea por decreto ejecutivo en noviembre del 2022 y se establece un plazo para que la entonces Secretaría de Derechos Humanos haga la estructura orgánica para convertirse en ministerio. Y nunca se hizo. Y en esta administración, bajo el liderazgo del presidente, estamos cumpliendo también con ese decreto. Entonces, a partir de esta reforma, sí aumentaremos una competencia, pero también institucionalizaremos el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos como el ministerio que no existía.

¿Era entonces un ministerio solo de nombre?

Efectivamente funcionaba así. Incluso al ser ministerio y no secretaría vamos a tener más campo de acción para, por ejemplo, subir el techo del presupuesto.

En la ley dice que el ministerio es el que ejecuta la política criminal que previamente ha sido elaborada por el Consejo de Política Criminal. ¿Este Consejo ya existe, ya se ha reunido?

No, porque justamente se creará en el decreto ejecutivo. No podemos convocar al consejo o iniciar con esa nueva competencia porque formalmente no la tenemos. Entonces los cambios se harán una vez que esté firmado el decreto.

¿Y tienen ya lineamientos para justamente definir, como Gobierno, esa política criminal, considerando la compleja situación de inseguridad del país?

Como le decía, no se puede formar el consejo ni se puede empezar a formular la política pública mientras no tenga formalmente esa competencia. Y cabe recalcar que nosotros como Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos debemos fungir como secretaría técnica de ese consejo, que está conformado por doce instituciones y presidido por un delegado del presidente. La política criminal, tal como lo estipula la ley, tiene esta visión integral, transversal en los diferentes ámbitos del Estado y está orientada a la prevención y la reducción de la criminalidad. Entonces, también es necesario hablar del enfoque de género y de derechos humanos.

En una entrevista con este mismo Diario, el asambleísta ponente de esta ley decía cuál era su visión en cuanto a qué se refería la política criminal: que esté orientada, por ejemplo, a fortalecer la salud, el acceso a la educación, los servicios públicos, por así decirlo, y de esa manera progresivamente incidir en la reducción de los índices de la criminalidad. Esto va de la mano con la visión que tiene el presidente Noboa sobre cómo se debería combatir la seguridad, que no es solo con la fuerza y la entereza, sino también con la empatía, también entendiendo las causas estructurales que han motivado, por ejemplo, que nuestros niños, niñas y adolescentes sean parte o sean reclutados por las bandas criminales.

Este ministerio ahora se llama Mujer, Derechos Humanos y Política Criminal, pero hace algunos años era el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tenía a su cargo las cárceles del país. ¿De pronto se ha pensado que esta área que tiene que ver también con la seguridad pase a la nueva cartera de Estado?

La política criminal no solo es la administración penitenciaria. Esa es una premisa falsa, y en estricta interpretación de la ley, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos no tiene que asumir esa competencia. Esa competencia permanecerá en el SNAI. La política criminal se refiere, como ya lo hemos dicho, a la administración organizada de la política pública estatal para gestionar los conflictos sociales, abordando estos conflictos de manera estructurada, teniendo en cuenta las desigualdades sociales y de género y otras particularidades de los delitos.

Muchas organizaciones de mujeres han expresado su temor de que el tema de género pase a un segundo plano porque, tal como está la ley, en la lista de competencias consta en el número 4. ¿Será así?

El orden en que se enlistan las competencias no define una jerarquía de importancia. Yo entiendo la preocupación de la ciudadanía, sobre todo de los colectivos de mujeres, con cuales ya nos hemos reunido para ir socializando los cambios. Todo parte de un borrador falso que se difundió en redes sociales y que le dio cuerda a todos estos rumores sin fundamento, como que iban a desaparecer los servicios de protección integral, que se eliminaría la Subsecretaría de Erradicación de Violencia de Género, que nos iban a quitar el presupuesto de los $ 13 millones que tenemos. Todo eso es mentira porque el gobierno del Nuevo Ecuador tiene un firme compromiso con la lucha histórica de las mujeres, esa lucha histórica que ha permitido que Ecuador sea uno de los pocos países en la región que tenga un Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.

¿El presupuesto es de $ 13 millones?

Correcto.

¿Y cuántas personas laboran en el ministerio ahora?

A nivel nacional tenemos 394 funcionarios.

Usted es politóloga, no tiene formación en el campo de política criminal. Asumir esta nueva competencia es reto fuerte. ¿Cómo lo enfrentará?

Para mí, en general, asumir la dirección de un ministerio fue un reto. Muchos han dudado de mi formación para dirigir el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos; incluso criticaban el hecho de que antes de estar en la función pública yo dictara cursos de escritura, porque siempre ha sido mi pasión, además de la asesoría política que daba. Yo llevo doce años trabajando en política. Yo no nací ayer ni tuve mi título ayer. Y mira, esta persona supuestamente sin experiencia y que no podría manejar el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en menos de seis meses hemos hecho lo que no se hizo antes.

Por ejemplo, sacamos el Decreto 192, que fue un pedido de los colectivos sociales hace catorce años, y que declara como servicios esenciales para el Estado lo que hacen las casas de acogida y centros de atención integral.

Además, hemos dado pasos históricos de cara a darle cumplimiento a la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer. En menos de 90 días de gestión logramos obtener un Centro Violeta en apoyo a la empresa privada muy distinto y aparte del proyecto de inversión que se inicia en el 2018 y termina en el 2025. En esa misma ley se establece que que el ministerio tiene que tener un catálogo de servicios. Eso no existía, en esta administración lo vamos a hacer. Tampoco existía el Registro Único de Violencia, lo que hubo en administraciones anteriores fueron pilotos mal hechos, y ahora será una realidad para finales de año, para lo cual contamos con apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional, son alrededor de $ 100.000 para este proyecto gestionados en esta administración... Además, tuve el honor de participar en marzo pasado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hablando del rol del Estado en el impulso de la paz y como la paz también puede ser construir desde las mujeres... En materia de derechos humanos también hemos damos paso históricos. Somos el ministerio que ha trabajado de la mano con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para tener, desde 1998, una política pública de derechos humanos. Mi trabajo y el de mi equipo hablan por sí solos. (I)