El exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Augusto Verduga dio su versión de lo que ocurrió en los momentos previos al asesinato de Jimmy Ruiz, quien era su amigo y asesor, crimen que ocurrió el 5 de noviembre de 2024 en la av. León Febres-Cordero, en el sentido Pascuales-La Aurora, en Daule.

Pero además aseguró que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ‘presionó’ para involucrarlo en el suceso, lo que —según dijo— fue el pretexto perfecto para la incautación de sus dispositivos el pasado 24 de enero.

Mediante un extenso relato subido a la red X, el exconsejero —cuyo paradero se desconoce— aseguró que aquel día acudió junto con Ruiz y otras dos personas a una empresa para la devolución de un dinero.

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“Semanas antes, yo había cobrado el primer cheque de esa devolución... Después de ese encuentro, recibí una llamada inquietante. Quien se identificó como el gerente general de la empresa me advirtió, con insultos y amenazas veladas, que él mismo me entregaría el segundo cheque de $ 449,25 cuando regresara”, relata Verduga.

Debido a la situación, el exconsejero dijo que fue acompañado, pero que no recibió el dinero mediante el hombre que lo llamó y que se había identificado como el gerente, sino que en su lugar una empleada le entregó el cheque. Luego de ello, en el parqueadero del sitio se despidió de Ruiz, quien partió primero en su auto.

“Segundos después, la tragedia. Un grupo de sicarios se acercó al vehículo de Jimmy (Ruiz) y disparó más de 30 veces. Tengo la imagen en la retina. Lo mataron en el acto. Nosotros, aterrados, huimos del lugar y buscamos refugio”, asegura Verduga.

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El exintegrante del CPCCS recordó que la Fiscalía inició una investigación ese mismo día, pero cuestionó a la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).

“La inacción de la Dinased fue tan escandalosa como predecible: cámaras de seguridad, testigos, guardias del centro comercial, números telefónicos... Todo quedó en el aire. En esas primeras 48 horas, el momento clave para detener a los responsables. No hicieron nada. Y entonces comenzó la infamia”, dijo.

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Aseguró también: “Una fuente confiable me informó que, desde el inicio de la investigación, la fiscal general, Diana Salazar, presionó para involucrarme... Necesitaba construir una narrativa y encontró en la tragedia de Jimmy una oportunidad perversa. Fue el pretexto perfecto para incautarme mis dispositivos, en un abuso de poder que se concretó más adelante con la farsa llamada caso Ligados”.

Para Verduga —señalado como uno de los autores directos del delito de asociación ilícita en el caso Liga2— la situación es una “venganza” de la fiscal general: “(Porque) me atreví a fiscalizar el plagio de su tesis de posgrado y denunciar al poder más intocable y monstruoso del país: el de la banca privada y su relación con el lavado de dinero”.

El exconsejero también protestó contra algunos medios de comunicación y periodistas. (I)


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