Hermanos Isaías vendieron edificio donde funciona el Hotel Ramada y nuevos dueños piden su desalojo

El juez Jorge Andrés Mestanza, de la Unidad Judicial Civil del cantón Guayaquil, dispuso la retención de $ 63.003 de las cuentas bancarias del Hotel Ramada y el secuestro (embargo) de todos los bienes muebles que se hallaban dentro del edificio que este ocupa, ubicado en las calles Malecón y Panamá.Esto es resultado de una demanda de desahucio interpuesta por el nuevo propietario de dicho edificio: el Fideicomiso Mercantil Ramada, que pidió que este sea desalojado. El icónico hotel fue propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, exdueños del Filanbanco, hasta julio del 2008 en que fue incautado por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) -por disposición del expresidente Rafael Correa- para compensar un ‘hueco patrimonial’ de más de $ 600 millones en la extinta institución bancaria. Una deuda cuya existencia los exbanqueros siempre rechazaron.Los empleados del hotel adquieron la mayoría de acciones de la empresa Cadena Hotelera Hotelca S. A. en el 2009 con un préstamo de la Corporación Financiera Nacional (CFN). Pero la compañía no era propietaria del inmueble, sino que este pasó a lo largo de los años de institución en institución conforme se fueron cambiando las autoridades económicas.En el 2018, los Isaías pusieron una medida cautelar para evitar que los bienes que les fueron incautados fuesen vendidos, la cual estuvo vigente por cuatro años.A inicios del 2022, la Procuraduría General del Estado, el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Agricultura y la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público o Inmobiliar pidieron al juez del caso, Johnny Lituma, que levantara dichas medidas cautelares.Lituma resolvió el tema convirtiendo la acción de medidas cautelares en una acción de protección para determinar si hubo o no vulneración de los derechos de los Isaías.Y como concluyó que sí la hubo, el 10 de mayo de ese año dispuso que se devuelvan los bienes incautados a sus dueños originales, a excepción de los que ya se han vendido, en cuyo caso se establecerá un precio justo sobre aquellos, y que se pague una indemnización por los daños causados.El Estado apeló, pero un tribunal de alzada ratificó la decisión en septiembre siguiente.Desde entonces, los Isaías fueron recuperando poco a poco sus bienes, que pasaron la control de un fideicomiso creado por ellos en Estados Unidos: Comité DH-ONU-Reparación Integral (Trust). Uno de ellos fue el edificio donde funciona el Ramada. Según el texto de la querella civil que consta en el sistema de causas de la Función Judicial, el 19 de octubre de 2023, el Comité DH-ONU-Reparación Integral constituyó el Fideicomiso Mercantil Ramada con Arafisa S. A. Administradora de Fondos y Fideicomisos. A dicho fideicomiso se le transfirió “el derecho real de dominio” del inmueble donde funciona el hotel. Este, a su vez, cedió (vendió) los derechos fiduciarios a una tercera persona, según explicaron fuentes cercanas a los exbanqueros. Esto ocurrió el 21 de noviembre de 2023. O sea que los Isaías ya no son los propietarios. En la querella se relata que la empresa Cadena Hotelera Hotelca C. A. mantenía un contrato de arrendamiento del edificio con Inmobiliar -la última dueña de la edificación- desde el 2018.Según el artículo 31 de la Ley de Inquilinato, “la transferencia de dominio del local arrendado termina el contrato de arrendamiento. En este caso, el dueño dará al arrendatario un plazo de tres meses para la desocupación”. En la demanda se señala que el Fideicomiso Mercantil Ramada notificó a Hotelca C. A. sobre la terminación del contrato entre el 21 y el 23 de noviembre, desde entonces corrían los tres meses de plazo, o sea que vencían en febrero pasado.Los abogados del Fideicomiso Ramada alegaron que la empresa no hizo caso a los pedidos y sigue ocupando “ilegalmente” el predio. Además, aseguran que no ha pagado el arriendo desde noviembre del 2023: la deuda ascendería a $ 63.003,70.Por ello solicitaron al juez que disponga a la empresa desalojar el inmueble, y el pago de las cuotas de arrendamiento pendientes más los intereses. Y como medidas preventivas, la retención de esos dineros de sus cuentas bancarias y el secuestro de los bienes muebles que estén en el interior del edificio hasta que efectivamente salgan del lugar. El juez convocó a audiencia el pasado 10 de abril. En esa misma diligencia concedió las medidas preventivas y nombró como depositario judicial a Federico Cuadrado, quien fue notificado el pasado 24 de abril para que se presente en el citado hotel. La mañana de este 26 de abril, los empleados que estaban en las instalaciones del hotel prefirieron no emitir comentarios ni tampoco posturas oficiales acerca de la situación.Una persona que atendía en el lobby aseguró que solo la gerenta del establecimiento podía referirse al tema, pero no se encontraba en ese momento y tampoco tenía permitido dar información sobre ella.La empleada aseguró que no contaban con líneas telefónicas ni otros medios para comunicarse. Tampoco se vieron clientes o huéspedes en esa área del hotel. (I)

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