La Asamblea Nacional aprobó con 82 votos, este martes 3 de junio, la presencia de bases militares extranjeras con fines militares en territorio nacional. Sin embargo, la propuesta de Daniel Noboa no entra en vigencia de inmediato, debe volver por un segundo dictamen a la Corte Constitucional (CC) antes de ser enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que organice un referéndum en un plazo de 45 días.

La última base que funcionó en Ecuador fue la de Estados Unidos, en la ciudad de Manta. Esta tuvo operaciones por una década, de 1999 a 2009, y varios sectores políticos y sociales llevan años relacionando el aumento de la violencia en el país, vinculada al narcotráfico, con la salida de la base, que era utilizada por ese país para la lucha contra el narcotráfico en la región.

Acceso y Uso de los Estados Unidos de América de las Instalaciones en la Base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en Manta para Actividades Aéreas Antinarcóticos se denominó el acuerdo con el que se instaló la base en noviembre de 1999, en el gobierno del expresidente Jamil Mahuad.

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La salida de la base de Manta se dio en el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), en el 2009, y diversas voces han mencionado que el país tuvo su época más segura luego de su retiro, cuando llegó a registrar el menor número de muertes violentas.

¿Qué hacía la base de Manta?

Por casi una década, EE. UU. operó la base de la FAE, a la que se denominó Puesto de Avanzada Estadounidense (FOL, por sus siglas en inglés). Las operaciones terminaron en el mes de agosto de 2009 y el proceso de retiro del personal extranjero finalizó en noviembre de ese mismo año.

En aquella base operaba un contingente de soldados y contratistas estadounidenses, y patrullaban aviones provistos de radares. En su momento fue criticada por estar relacionada con apoyo a Colombia para luchar contra la guerrilla y por la captura y hundimiento de barcos pesqueros que transportaban ilegalmente a migrantes ecuatorianos hacia el país norteamericano.

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Ese puesto de operaciones conformaba junto con los de El Salvador y Curazao una suerte de trampa casi invisible que ideó Washington para cazar vuelos del narcotráfico.

En febrero de 2018, el presidente Moreno descartó la reinstalación de una base estadounidense en suelo ecuatoriano, fuera en Manta o en Esmeraldas, donde en ese año se registró en San Lorenzo la explosión de un carro bomba frente a un cuartel policial que dejó 37 casas afectadas y 38 heridos. El atentado fue atribuido a Walter Arízala, alias Guacho, un disidente de las FARC abatido en diciembre de ese año.

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“La base de Manta salió de Ecuador porque creemos que viola nuestra soberanía. Sigamos cooperando en el tema del combate a las drogas que tanto daño hace a los dos países; pero, sobre todo, respetémonos mutuamente”, indicó el mandatario.

No obstante, ahora quedará en manos de los ecuatorianos decidir en las urnas el regreso de las bases militares extranjeras en Ecuador.

Cuando se complete el proceso y se convoque a las urnas, se recibirá una papeleta con la siguiente pregunta:

“¿Está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?”. Con esta pregunta el presidente Daniel Noboa busca que se modifique “sustancialmente” el artículo 5.

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(I)