Sin que se haya concretado su designación como titular de la Defensoría Pública mediante una resolución institucional, la declaración jurada del postulante Ricardo Morales Vela aparece en el portal oficial de la Contraloría General del Estado como la del nuevo defensor público desde este 26 de junio de 2024, aunque con un mensaje sombreado de que el documento fue anulado o dejado sin efecto por solicitud del declarante.

El insólito hecho se conoció este mismo día sin que, hasta el momento, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), órgano de designación, o la Contraloría hayan aclarado el tema.

Recién la noche de este miércoles se trataría un informe jurídico que recomienda designar a Ricardo Morales como autoridad de la Defensoría Pública, y necesitaría del voto de cuatro de los siete vocales del Consejo para acogerlo.

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Pero aún hay dudas de aprobarlo en la mayoría conformada por Andrés Fantoni, Mishelle Calvache, Juan Guarderas y Johanna Verdezoto.

Los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz están en la minoría y discrepan de sus colegas.

Esto se produce en medio del atropellado concurso público para elegir a esta autoridad, que cuenta con un informe final con el listado de los mejores puntuados y que fue elaborado y aprobado por la comisión ciudadana. No obstante, hasta la fecha el CPCCS no ha resuelto la designación de la nueva autoridad sobre ese documento, pese a que concluyeron los plazos legales estipulados en el reglamento para hacerlo.

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Esta noche, en una sesión extraordinaria convocada de manera virtual para las 19:30, el presidente del Consejo, Andrés Fantoni, incorporó como punto de debate y resolución un informe jurídico que recomienda la designación de Ricardo Morales y no acoger el informe final que elaboró la comisión ciudadana, que se extinguió desde el 11 de junio pasado, ya que terminó con sus funciones.

“No aprobar el informe final emitido por la comisión ciudadana con resolución n.° CCS-DPE-010-2024″, cita el criterio jurídico, elaborado por Santiago Peñaherrera Navas, coordinador jurídico del CPCCS y ex director jurídico del Consejo de la Judicatura.

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Peñaherrera sugiere a los consejeros que designen como defensor público al postulante Ricardo Morales Vela, quien obtuvo una puntuación de 76,66/100, y que no se acoja lo resuelto por la comisión por ser “contrario a derecho”.

El conflicto surgió porque, el 11 de junio de 2024, la comisión ciudadana aprobó el informe final —que es vinculante para el CPCCS— en el que puso como primer mejor puntuado a Jorge Ballesteros Ballesteros y descalificó a Morales Vela.

Sin embargo, Ballesteros fue descalificado del concurso en la fase de apelación a las impugnaciones, por resolución del CPCCS, al considerar que en su expediente había un documento con una firma aparentemente irregular.

En tanto, la comisión ciudadana lo habilitó y le restituyó su calidad de postulante y quedó como primero y virtual defensor público con 80,07/100, entre tres candidatos más que superaron las etapas del proceso pero no alcanzaban altos puntajes.

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A Ricardo Morales los comisionados lo descalificaron al conocer que reportaba una inhabilidad para ejercer cargo público en el Ministerio del Trabajo.

Por lo que su informe determinaba que la designación favorecería a Jorge Ballesteros.

El plazo para resolver sobre ese documento final venció el 13 de junio, pero el Consejo no lo trató en ese término de dos días establecido en el reglamento.

En los consejeros hubo preocupación porque las decisiones o resoluciones del pleno del CPCCS son inapelables, por lo que la comisión no podía contradecir la descalificación de Ballesteros, pero también se cuestionó la inhabilitación de Ballesteros.

Los consejeros de mayoría, Andrés Fantoni, Juan Guarderas, Mishelle Calvache y Johanna Verdezoto, votaron por que se elabore este criterio jurídico en 48 horas, que vencieron el viernes pasado.

Augusto Verduga, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz se abstuvieron.

Ahora, en la sesión de este miércoles, se espera sumar los mismos cuatro votos para acoger la recomendación de Peñaherrera y designar a Morales como defensor público, pues en el interior de la mayoría también habría incertidumbre por los efectos legales y políticos en los que se encuentra este proceso.

En ese documento se recomienda enviar el expediente del concurso a la Contraloría para que haga una auditoría y a la Fiscalía General para que investigue posibles delitos en que habrían incurrido los comisionados. (I)