Correísmo toma el timón de la Asamblea Nacional por quince días

El sector que representa al correísmo en la Asamblea Nacional, que constituye la primera minoría, tendrá el control del Legislativo por dos semanas, mientras el titular de la legislatura, Henry Kronfle, realiza una visita oficial por España hasta el 6 de marzo próximo.

Al frente del Parlamento estará la coordinadora de la bancada Revolución Ciudadana (RC) y actual primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, quien definirá las decisiones que se deban tomar a nivel del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y en las sesiones del pleno, aunque para esta semana Kronfle dejó ordenando los temas de la agenda y se refieren solo a trámites de proyectos de leyes en primer debate.

Pero eso no impide a la correísta Veloz tomar sus propias decisiones y convocar a una sesión del Parlamento para el miércoles 28 de febrero, a fin de conocer y resolver sobre el juicio político al vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y al exvocal de ese mismo organismo Juan José Morillo, acusados de incumplimiento de funciones por el sector socialcristiano.

Esto, porque el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que tras la difusión del informe de la Comisión de Fiscalización sobre un juicio político procesado, en el plazo de cinco días, la presidenta de la Asamblea Nacional deberá incorporarlo en el orden del día para consideración del pleno. Este plazo se vence el miércoles 28 de febrero.

También puede llamar al Consejo de Administración Legislativa para calificar leyes o resolver temas pendientes sobre requerimientos de asambleístas y de las comisiones especializadas permanentes.

Inclusive podrá convocar a sesión para reinstalar la sesión 900, para ordenar la votación del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para lo cual existen más de dos mociones para conocimiento del pleno, pero todo va a depender de las coincidencias que puedan darse entre las bancadas legislativas y que se puedan reunir 70 votos. Pero para tratar este tema falta aún subsanar las desconfianzas que se visibilizaron en la sesión del pasado 22 de febrero, cuando el correísmo y el sector del Gobierno evitaron que la sesión plenaria continúe.

En esta primera semana en ausencia de Kronfle, el CAL tiene que resolver el pedido formulado por la Comisión Ocasional para la Investigación del Asesinato de Fernando Villavicencio, a fin de que se conceda una prórroga de 90 días adicionales para presentar el informe correspondiente, en el que se determinarán las responsabilidades políticas en el crimen.

La petición de prórroga la hizo la presidenta de la Comisión, Viviana Zambrano (Construye), el pasado 13 de febrero, y el plazo que tenía la Comisión para presentar el informe vence este 27 de febrero cuando se cumplen 90 días desde que se creó la mesa. Una de las justificaciones de la solicitud responde al hecho de que aún están pendientes varias comparecencias por solicitar e información pendiente por recibir. La decisión de ampliar o no el plazo se define en el CAL.

En el mismo CAL se tiene que definir la sanción solicitada por la asambleísta Victoria Desintonio (RC) en contra de la legisladora Gisella Molina (Gente Buena), por haber ocasionado un incidente en la Comisión de Gobiernos Autónomos el 17 de enero del 2024.

Una vez evacuado el juicio a Murillo y Morillo en el pleno, en esta semana la Comisión de Fiscalización, liderada por la correísta Pamela Aguirre, debe definir cuál será el siguiente juicio político que procesará: si es aquel en contra del exministro de Energía Fernando Santos u otro contra el exministro del Interior Juan Zapata.

La disyuntiva surge porque el 11 de diciembre de 2023, Aguirre llamó a sesión para avocar conocimiento y aprobar el juicio político contra el exministro de Energía Fernando Santos, que fue calificado por el CAL. Todo esto porque Aguirre alegó que no había recibido los expedientes de los juicios políticos pendientes.

La moción tuvo cuatro votos a favor y cinco en contra; al haber una calificación en contra, el correísmo planteó una reconsideración y se estancó la sesión. La decisión que tome la mesa, en esta semana, permitirá conocer si se acelera o no la fecha del juicio político en contra de la fiscal general, Diana Salazar.

En agenda

• Martes 27 de febrero, a las 10:00, está convocado el pleno para tramitar en primer debate dos proyectos relacionados con el Código del Trabajo y el Código de la Economía Social de los Conocimientos.
• Martes 27 de febrero, a las 15:00, está convocado el pleno para encargar a la Comisión de Justicia que elabore un informe sobre la situación jurídica y el acceso a los beneficios de ley a las personas amnistiadas del Comando de Taura.
• Martes 27 de febrero, a las 15:30, se reúne el pleno para conocer el proyecto de ley orgánica reformatoria al decreto-Ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19.
• Jueves 29 de febrero, a partir de las 09:00, está convocado el pleno de la Asamblea para el primer debate de dos proyectos de ley respecto a la discriminación por la edad en el sistema laboral y sobre atracción de inversión a través de las asociaciones público-privadas.
• Jueves 29 de febrero, el pleno de la Asamblea se reunirá a partir de las 12:00 para el primer debate del proyecto para la promoción y fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores del sector público y privado.
• Está pendiente la posesión de Merck Benavides como nuevo vocal del Consejo de la Judicatura tras la designación realizada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. (I)