La investigación del paro de octubre de 2019, por el delito de lesa humanidad, sigue en etapa previa pero avanzando, aseguró la fiscal general, Diana Salazar, y recordó que es un evento de “alta complejidad”, por lo que quienes buscan llevarla a juicio político es porque desconocen el proceso. Sin dar nombres, la fiscal arremetió indirectamente contra la asambleísta Gissela Garzón, de la bancada de la Revolución Ciudadana, quien presentó la solicitud de juicio.
La máxima autoridad del Ministerio Público hizo esta aclaración en un video publicado en su canal de YouTube este miércoles, 12 de junio, en referencia al pedido de juicio político en su contra encaminado en la Asamblea Nacional por supuesto incumplimiento de funciones.
En el pedido de Garzón se acusa a la fiscal Salazar de incumplimiento de funciones en el marco de la inseguridad que vive el país; de inacciones en los casos Encuentro, León de Troya, Narcogenerales, Danubio, Inna Papers; así como por el tratamiento que se dio a los hechos ocurridos del 2 al 13 de octubre de 2019, durante el mandato de Lenín Moreno.
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“Se acusa a la fiscal general de no avanzar en la investigación de este caso; sin embargo, es otro tema que desconoce la proponente de este juicio político, porque, si bien se encuentra en investigación previa, hemos avanzado y se practican a diario diligencias que nos permitirán, al final del día, llegar a tomar una decisión: si se formulan cargos o se solicita el archivo”, señaló Salazar.
La fiscal agregó que en este caso, dada su “alta complejidad”, se realizan diligencias distintas a la investigación ordinaria o tradicional, y que debe ser llevado con absoluta objetividad y responsabilidad para llegar a identificar a los responsables de la comisión de un presunto hecho ilegal.
Por encontrarse en estado de gestación, la fiscal solicitó el pasado 16 de mayo a la Asamblea Nacional que se garantice y respete su derecho constitucional a tener un embarazo “en paz”, que le permita llegar a buen término, sin más estrés del que ya soporta a diario por sus funciones en la Fiscalía General del Estado.
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En el video, Salazar dijo que es un desafío para la Fiscalía “llegar a establecer la responsabilidad individual de cada uno de los actores en el ámbito de esta protesta”.
Reveló que la actual prefecta de Pichincha (Paola Pabón) junto con otras dos personas buscaron un acercamiento con ella.
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“Recuerdo que a raíz de estos hechos de octubre estuvieron procesadas, por ejemplo, la actual prefecta de Pichincha, quien en conjunto con otros dos coprocesados buscaron un acercamiento con la fiscal general”, indicó.
La autoridad mencionó que la posición de la Fiscalía durante las protestas “fue objeto de análisis, un examen y observación por parte de organismos internacionales”.
En ese contexto, afirma que los organismos internacionales “han resaltado la posición de Fiscalía” y han considerado “que actuó de forma ecuánime, que no existió abuso ni tratar de criminalizar la protesta o criminalizar la acción de la fuerza pública”.
‘Un imaginario incumplimiento de funciones’
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Expresó que las acciones de los legisladores “están encaminadas a debilitar” su administración y para tratar de “crear un imaginario de incumplimiento de funciones”. “Incumplimiento de funciones porque no se procesa, incumplimiento de funciones porque se procesa: ¿en qué quedamos...?”, cuestionó.
Entre el 2 y el 13 de octubre, el Ecuador vivió una conmoción social, económica y política por las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otras agrupaciones afines.
La emisión del Decreto 883, que eliminó los subsidios a los combustibles, desató una jornada de violentas movilizaciones que se concentraron en Quito, pero que paralizaron al país por once días.
Como consecuencia de los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, según el Ministerio de Salud, hubo 1.508 personas heridas, de las que 458 eran policías. Diez personas perdieron un ojo. Pero en el reporte de fallecidos es donde persisten las contradicciones. (I)
