La fiscal general del Estado, Diana Salazar, en su comparecencia ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario manifestó que los ecuatorianos esperan que la lucha contra el financiamiento de las estructuras criminales sea desde todos los niveles.

La funcionaria fue invitada, este viernes 26 de enero, a presentar sus observaciones al proyecto urgente para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción, remitido por el Ejecutivo, e insistió a los asambleístas no reducir de doce a tres meses las investigaciones patrimoniales sobre bienes ilícitos.

Al terminar la primera parte de su exposición, Salazar recordó a los asambleístas que la ciudadanía se encuentra expectante de cómo procede cada función del Estado en la lucha contra las estructuras criminales. “No olvidemos que este es un trabajo que se lo debemos al país, que debemos hacer en conjunto para los ecuatorianos que esperan que la lucha contra el financiamiento de las estructuras criminales sea desde todos los niveles”, dijo.

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Manifestó que la investigación de lavado de activos es compleja, que se requiere recabar suficientes elementos de convicción y para eso dijo que se necesita del tiempo para presentarlos ante los jueces; pero ahí se requiere que los jueces tengan la capacidad y capacitación para entender cuál es la dinámica criminal y cómo se maneja el lavado de activos; y en ese sentido, añadió Salazar, es preocupante lo que se ha podido observar: que algunas sentencias que se obtienen en primera instancia, en segunda o en casación simplemente se las termina.

Fiscal del Estado pide a la Asamblea Nacional no colocar una camisa de fuerza en la investigación patrimonial de bienes ilícitos

Se refirió al caso March, en el que la Fiscalía logró comprobar que había $ 500 millones de lavado de activos en oro, pero subió a Corte Provincial y resulta que en casación simplemente dijeron que no se había logrado comprobar el origen ilícito del oro, cuando en el expediente se señaló que el Ecuador no tenía la capacidad para producir todo ese oro que había sido exportado hacia Estados Unidos, y que tenía como origen ilícito la procedencia de minería ilegal desde el Perú. Con ese tipo de fallos judiciales estamos coadyuvando a que el lavado de activos se vaya incrementando en el país.

En torno a los catálogos de delitos por lavado de activos, dijo que se debería dejar como un tipo penal abierto, porque el crimen evoluciona o muda y se pone capas. Y en el caso de la ley de extinción de dominio, el lavado se deje como conducta ilícita o delito injustificado.

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Los ecuatorianos deben estar tranquilos, comentó Salazar, que aquellos bienes que se han obtenido con trabajo que puede ser justificado, que puede ser producto de una herencia y del trabajo lícito, no pueden ser objeto de extinción, porque ahí se estarían afectando derechos, y porque además la propiedad debe cumplir una función social y ambiental.

Con la extinción de dominio lo que se busca atacar, ahí sí que se preocupen las organizaciones, es a las propiedades de origen ilícito y aquellas que no pueden ser justificadas; hay que ver, por ejemplo, las declaraciones donde cuentan con cero, pero cuentan con un alto patrimonio; entonces, de dónde salió, o se ganó la lotería.

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Las personas que aducen ser perseguidas son perseguidas porque cometen delitos; “nosotros no perseguimos a compañeros por el hecho de serlo, sino porque hacen quedar mal a la Fiscalía General del Estado, porque acuerdan y pactan con la delincuencia”, subrayó.

Contó que tiene casos de fiscales que tienen videollamadas con el narco, casos de fiscales que le piden permiso al narco para integrarse a las oficinas, casos de fiscales que reciben dádivas, cadenas de oro para fallar a favor del narco.

Existe el llamado de atención por parte del Tribunal de Garantías Penales, porque un fiscal frente a varias toneladas de droga se abstiene de acusar, habiéndose identificado que estuvo en su poder; entonces, todos aquellos trinos que ven y escuchan a través de redes sociales son de aquellas personas que se sienten amenazadas, porque están del lado del crimen, porque han estado acostumbrados a pasarse por la ley”.

“Hasta el último día de mis funciones voy a luchar contra la corrupción de adentro y de afuera, porque la corrupción es la que genera la problemática que tenemos”, reiteró la fiscal general del Estado y agregó: Cuando “beneficiamos al crimen dejando de acusar, estamos beneficiando al crimen organizado; cuando recibimos la cadena del narco, estamos recibiendo dádivas del narcotráfico; cuando hago la llamada para asesorar cómo tiene que hacer el procedimiento para que presente el habeas corpus el abogado, estoy trabajando para el narcotráfico, no estoy trabajando para el Estado”.

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Vamos a continuar con esta lucha firme, y ojalá que vengan aquellas personas de aquellos casos en los que se han abstenido de acusar a los narcotraficantes, y por eso están temblando, porque saben que ya vamos tras de ellos, concluyó. (I)