La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, y el fiscal subrogante, Wilson Toainga Toainga, prorrogarán sus funciones hasta que se designe a sus reemplazos, según anunciaron la noche de este 8 de abril de 2025, cuando se completaron los seis años del periodo constitucional.
Mediante un video subido a las redes de la institución, los funcionarios dieron a conocer que se procedió con la consulta respectiva a la Procuraduría General del Estado para que se comunique el procedimiento que se debe seguir, con el fin de tener una transición ordenada.
#ATENCIÓN | Respecto a la prórroga de funciones de las máximas autoridades de #FiscalíaEc, la Institución informa al país. ⬇️ pic.twitter.com/ngzW1HFfNg
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 9, 2025
Salazar indicó que la respuesta de la Procuraduría fue que “los servidores judiciales nombrados para un determinado periodo pueden desempeñar funciones prorrogadas hasta ser legalmente reemplazados, con el fin de garantizar la representación institucional”.
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“Es necesario que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) culmine el concurso para elegir nuevas autoridades y así iniciar con la transición, cuando se cumpla con todos los requisitos legales aplicables”, mencionó Toainga.
La fiscal general dijo que “en consecuencia, y hasta que eso pase, la Fiscalía General del Estado continuará garantizando el acceso a la justicia bajo esta administración”.
En tanto que el fiscal subrogante agregó: “De esta forma reafirmamos nuestro compromiso de lucha contra la impunidad”.
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Funciones prorrogadas
El Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) en el penúltimo inciso del artículo 283 establece que el periodo de funciones del fiscal general es de seis años sin posibilidad de reelección y, cumplido el periodo, la máxima autoridad podrá mantenerse en funciones prorrogadas hasta la designación de su reemplazo.
En tanto, el artículo 47 de la misma norma precisa que el fiscal subrogante sustituirá al fiscal general “en caso de ausencia temporal y justificada y ejercerá las mismas funciones que el titular”.
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Pero en caso de ausencia definitiva del fiscal titular “se procederá a llenar la vacante en forma inmediata”.
La Procuraduría General del Estado dio solución al conflicto generado por el CPCCS, que no realizó el concurso público de méritos, oposición e impugnación para la elección de una nueva autoridad en la Fiscalía General del Estado para el periodo 2025-2031.
De manera reservada, el 24 de febrero de 2025, la Fiscalía General elevó a consulta a la Procuraduría si la máxima autoridad (Diana Salazar) podría mantenerse en funciones prorrogadas, al igual que el fiscal subrogante, debido a que el CPCCS no ha realizado el concurso para la designación de sus reemplazos.
Concurso para designar a la primera autoridad de la Fiscalía
En la actualidad, el concurso público que debería realizar el CPCCS para designar a la primera autoridad de la Fiscalía tiene solo aprobado un reglamento e integrada una veeduría con más de 540 personas.
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El reglamento se aprobó en septiembre de 2024 y recién en febrero del 2025 se admitió a los veedores y se dispuso que se los capacite sobre las funciones y atribuciones que tendrán en esta labor.
Todavía falta que se establezca la normativa para la calificación de méritos de los miembros de la comisión ciudadana, que es la encargada de llevar a cabo las etapas del concurso público.
Si bien el CPCCS designa a la autoridad, lo hace con base en un informe final que contiene las calificaciones de méritos, oposición e impugnación que lo hace esta comisión ciudadana, integrada por diez personas: cinco electas de postulaciones de la ciudadanía o de la sociedad civil; y, los otros cinco provienen de delegaciones de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
El articulado para elegir a un nuevo fiscal general establece en su artículo 11 que en el procedimiento para conformar la comisión ciudadana, la calificación de sus méritos se realizará “conforme los parámetros de calificación de méritos establecidos en el presente reglamento”.
No obstante, en la normativa no consta la mencionada calificación sino, únicamente, los parámetros de puntuación para los candidatos a la Fiscalía que es de 100 puntos: 50 para los méritos, 30 la prueba escrita y 20 el examen práctico. (I)
