La audiencia de vinculación de trece personas al caso Metástasis, entre ellas el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronny Aleaga y la exfiscal provincial de Guayas Yanina Villagómez se instaló este viernes 15 de marzo.
La fiscal general, Diana Salazar, ubica a los trece vinculados al caso Metástasis como colaboradores de una estructura criminal que fue liderada por el narcotraficante Leandro Norero, la cual tenía como objetivo obtener fallos judiciales favorables, beneficios penitenciarios y acceder a información privilegiada de la Policía y la Fiscalía.
Salazar solicitó esta segunda vinculación dentro del proceso penal que investiga el delito de delincuencia organizada luego que aparecieron en el expediente elementos de convicción que llevan a la Fiscalía a definir que cada una de las trece personas tiene algún tipo de participación en la estructura delictiva que se investiga.
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El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Felipe Córdova dio por instalada la diligencia pasadas las 08:10 de este viernes. Según la teoría que maneja la Fiscalía, los roles de los trece nuevos procesados son los siguientes:
- Ronny Aleaga, exasambleísta: La Fiscalía dice que su participación estaba dirigida a silenciar a la persona que representaba la principal fuente de revelación de sus actividades delictivas: el excandidato presidencial y exasambleísta Fernando Villavicencio (+), quien públicamente denunció los hilos de la mafia manejados por Xavier J. y Leandro Norero (+). Como legislador de la provincia del Guayas abusó de sus facultades fiscalizadoras al solicitar información sobre posibles investigaciones previas que la Fiscalía habría iniciado contra Xavier J”.
- Yanina Villagómez, exfiscal provincial de Guayas: su papel, según la Fiscalía, consistía en ser el brazo jurídico al que acudían los líderes de la organización para obtener asesoramiento y buscar apoyo en diversos procesos judiciales contra Leandro Norero (+) y su círculo cercano. En este sentido, alias Novita se presentó en el despacho de la Fiscalía del Guayas con la intención de desarrollar una estrategia de defensa en la causa de lavado de activos a cargo de la agente fiscal Lidia Sarabia.
- Elio A.: participó en su rol de colaborador desde la esfera del beneficio personal en el Centro de Privación de la Libertad donde se encontraba recluido Leandro Norero (+). Facilitó la compra de varios “chanchos” que el líder de la organización criminal pretendía ingresar al CRS de Cotopaxi para celebrar el Día del Recluso. Para ello recibió una transferencia de 2.000 dólares.
- Myriam D.: la teoría del caso dice que su función se centró en obtener comodidades durante la privación de la libertad de Leandro Norero (+), pues aprovechó su designación como miembro de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación, para recibir beneficios económicos provenientes del líder del grupo organizado.
- Claudia Garzón.: la Fiscalía dice que la procesada desempeñaba un papel importante en la obtención de numerosas comodidades penitenciarias pretendidas por Leandro Norero (+), pues por medio de su gestión como miembro de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación, direccionaba tratos privilegiados dentro del Centro de Rehabilitación de Cotopaxi en beneficio del líder del grupo organizado.
- Ángel L.: expolicía fue el encargado de hacer el seguimiento a la agente fiscal Lidia Sarabia, quien se encontraba a cargo del expediente de lavado de activos en el cual Leandro Norero (+) se encontraba privado de la libertad.
- Marcel L: la Fiscalía lo ubica con el alias el Joyero era el encargado de fungir como operador financiero de la cúpula criminal. Su colaboración fue diversa. Una de las más llamativas radica en la planificación de fraudes procesales con el cambio de evidencia incautada en los allanamientos realizados en el proceso de lavado de activos de Leandro Norero (+), específicamente respecto a la colección de relojes de alta gama que reposaban en criminalística y que se proyectaban sustituirlos por réplicas; así como pretendían replicar la misma dinámica con los lingotes de oro también incautados en el operativo referido. Se encargaba de manejar grandes cantidades de dinero y propiedades pertenecientes a Leandro Norero y que provenían, en gran medida, del financiamiento de Xavier J. El Ministerio Público dice el ciudadano fue pieza clave en la obtención de joyas destinadas a entregarlas, a la también procesada, María José A., fiscal que reformuló el tipo penal de tráfico de armas a tenencia y porte de armas en contra de Leandro Norero, garantizándole una reducción de pena considerable.
- Eduardo R.: lo ubican como socio y accionista de Yilmar C. a través de la empresa de seguridad denominada Centro de Investigación y Protección - Ceinpro Cía. Ltda. Su posición le permitió colaborar en el financiamiento que el lider del grupo criminal requería para adquirir comodidades en el centro de rehabilitación donde se encontraba recluido. El dinero era depositado en la cuenta de Katherine G.
- Romel T., juez de Cotopaxi, se lo ubica como colaborador de esta estructura criminal en la búsqueda de la impunidad, quien a través del procesado Cristian R. negociaba y convencía a otros jueces para emitir resoluciones sobre medidas cautelares en beneficio de la cúpula de la organización, bajo la promesa de un beneficio económico.
- Katherine G: la Fiscalía dice que a la fecha de los hechos, la procesada fungía como guía penitenciaria en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, desde donde recibió más de $ 10.000 a través de alias Rayo. Este último, por instrucciones de Leandro Norero (+), abonaba dichas cantidades a la cuenta personal de la procesada. Todo esto con el objetivo de obtener privilegios y comodidades mientras el líder del grupo criminal se encontraba privado de la libertad.
- Carlos M.; lo ubican como colaborador en el ámbito de seguridad y comodidad de Leandro Norero (+) dentro del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Facilitaba el ingreso de artículos prohibidos a la cárcel, como cadenas de oro, carpas e incluso comida. Para llevar a cabo estos actos, Norero depositaba dinero en la cuenta de su pareja, Katherine G. También alertaba sobre visitas y monitoreos realizados por la DGl, manteniendo así a Norero informado y alerta.
- Doris O.: oficial de la Dilat que, según la teoría del caso, habría sido la encargada de la investigación en el proceso de lavado de activos contra Leandro Norero y su familia, quien supuestamente habría participado en la manipulación de elementos de convicción junto con los procesados Héctor David P. y Cristian Reinaldo Ch.
- Juan Pablo J.: la teoría dice que habría facilitado depósitos para obtener comodidades para Norero (+) dentro del Centro de Rehabilitación Social, ya que a través de su persona se realizó un depósito de 1.200 dólares a la procesada y guía penitenciaria Katherine G.
Al final de esta audiencia el caso pasará de tener 39 sospechosos a mantener 52 personas procesadas dentro de una instrucción fiscal que se inició el 15 de diciembre de 2023. Inicialmente la instrucción fiscal fue definida en 90 días, pero tras la primera vinculación el tiempo de esta fase se extendió a 120 días. En este momento, pese a este segundo grupo de vinculados, la instrucción no puede exceder los 120 días, pues así lo determina la norma. (I)
