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QUITO (10-08-2023).- Simpatizantes de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República, por el movimiento Construye, lista 25, asesinado en el ocaso del día 9 de agosto de 2023, protagonizan un plantón en rechazo a la muerte de su líder, en la Tribuna de los Shyris, en el norte de Quito. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

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El 8 de octubre, la Fiscalía General del Estado cerró 60 días de instrucción fiscal en la indagación del asesinato del político Fernando Villavicencio Valencia, con lo que se alista la fase de evaluación y preparatoria de juicio

La Fiscalía informó el domingo 8 de octubre que concluyó la instrucción fiscal por el crimen del excandidato presidencial por el movimiento político Construye, y anunció la existencia de un testimonio anticipado de un testigo que, si bien no participó en el asesinato, relató los preparativos, montos ofrecidos por los autores intelectuales y a quienes habrían dado la orden para la ejecución.

Minutos después de las 18:00 del 9 de agosto de 2023, Fernando Villavicencio fue ejecutado al estilo sicariato por un hombre de nacionalidad colombiana, cuando iba a subir a su camioneta tras salir de una concentración política en un coliseo ubicado en el norte de Quito, como parte de su campaña electoral.

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La Fiscalía vinculó a trece personas que fueron capturadas horas después del asesinato, seis colombianos y otras siete ecuatorianas y vinculadas a una banda delincuencial que enfrenta otra investigación por delincuencia organizada.

De estos trece detenidos, siete fueron encontrados muertos: las seis personas colombianas en la Penitenciaría del Litoral en Guayas, el 6 de octubre; y, un hombre que guardaba prisión en la cárcel de El Inca en Quito, el 7 de octubre.

Las otras seis procesadas estarían bajo protección para resguardar su seguridad.

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Con el cierre de esta etapa de instrucción, la fiscal a cargo del caso debe solicitar al juzgador que señale día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la que será convocada en un plazo no mayor a cinco días y se efectuará en un plazo no mayor a quince días, según el artículo 600 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En esta fase, según explicó Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, la Fiscalía puede tomar tres resoluciones.

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Una, emitir un dictamen abstentivo por parte de Fiscalía, es decir, que se abstiene de acusar, aunque en este caso no sucedería porque hubo un delito, comentó.

La segunda es que haya un dictamen acusatorio que se hace en la audiencia preparatoria de juicio y va a acusando uno por uno por su presunta participación en el delito y, luego de eso hay un llamamiento a juicio.

La tercera posibilidad es que haya un dictamen acusatorio, pero el juez dicta un sobreseimiento de llegar a concluir que no hay los elementos suficientes para ir a juicio.

Ocaña explicó que en el caso de las siete personas procesadas y que están muertas, la acción penal se extingue porque solo rige cuando la persona está viva y puede enfrentar el proceso penal.

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«En este caso se extingue la acción penal en contra de los procesados que están muertos, pero sigue latente en contra de aquellas personas que están vivas. Pero, para la acusación el fiscal tiene que referirse a cada uno de ellos y explicar su teoría de participación de cada uno», añadió.

El COIP determina que en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio se resuelve sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento.

Además, se establece la validez procesal, se valora y evalúa los elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal, excluye los elementos de convicción que son ilegales, delimita los temas por debatirse en el juicio oral, anuncia las pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio y aprueba los acuerdos probatorios a que llegan las partes.

Es aquí donde se sustenta la acusación fiscal, para lo que el servidor de la Fiscalía solicitará al juez que conozca el caso que fije día y hora para la audiencia, la que debe señalarse dentro de los cinco días siguientes a la petición fiscal.

En tanto, la audiencia debe realizarse en un plazo no mayor a los quince días siguientes a la notificación.

No obstante, la Fiscalía aún debe concluir con varias diligencias que están pendientes, como tomar versiones al ministro del Interior, Juan Zapata, al ahora excomandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas y, a César Gonzaga, oficial que daba seguridad a Villavicencio.

Está previsto que entre este 12 y 13 se evacúen estas diligencias; y también resta, el procedimiento de explotación de celulares de Christian Zurita, amigo y quien reemplazó en la candidatura presidencial a Villavicencio; Carlos Figueroa, amigo de Villavicencio y Patricio Carrillo, asambleísta electo del movimiento Construye. (I)

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