El plazo para que las 25 personas notificadas por la Fiscalía General del Estado entreguen sus teléfonos celulares, en el marco de la investigación por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, vence este jueves, 5 de octubre. Algunos sí cumplirán, mientras otros consideran ilógico el pedido y al ser solo una solicitud, estarían amparados en el derecho a la intimidad.

Patricio Carrillo, asambleísta electo por el movimiento Construye, confirmó a este Diario que sí cederá su dispositivo y la tarjeta SIM con el fin de aportar información. Mientras que Christian Zurita, amigo de Villavicencio, quien lo reemplazó en la carrera presidencial, dijo que se pronunciará este jueves sobre el pedido, pero no aclaró la vía por la que lo hará ni si entregará o no su dispositivo.

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En atención a la comunicación de la Fiscalía, Carrillo señaló que fue notificado para entregar información relacionada con la tarjeta SIM y el dispositivo móvil que “treinta días antes y el día del insuceso del asesinato de Fernando Villavicencio portaba”.

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“Yo no sé si la Fiscalía y los investigadores tenga trazado una estrategia para recuperar toda la información y plantear la teoría del caso. Pero en este caso particular del pedido de información obedece a una solicitud de una defensa técnica, al parecer ellos están más interesados; no sé si eso ayudará o entorpecerá, pero de todas maneras hay que cumplir”, añadió.

El exministro del Interior dice que le preocupa que desde la Fiscalía “sigan con distractores sobre la base del pedido de algunos abogados que hacen defensa técnica”. Carrillo espera que la investigación no se dilate con la creación de un expediente innecesario y manifiesta que la Fiscalía debería recabar información de personas a las que Villavicencio denunció antes de ser asesinado, entre ellos exlegisladores.

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“Ojalá ya tengan, luego de 60 días, una teoría del caso y sobre eso deberían plantear la estrategia de la investigación”, insistió.

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Carrillo reiteró también que cuando se instale la Asamblea Nacional, en la primera sesión impulsarán la creación de una comisión ocasional que investigue el asesinato de Villavicencio y que todos los detalles queden al descubierto.

Por su parte, Zurita, quien abandonó el país a finales de agosto por motivos de seguridad, no indicó si cumplirá con la disposición de la Fiscalía, pero aseguró que sí hará un pronunciamiento.

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Entre la lista de los 25 ciudadanos notificados consta también Carlos Figueroa, médico y activista político, quien indicó que la solicitud de entregar el teléfono celular no tiene lógica y que lo que se estaría buscando es acceder a información de las investigaciones que hacía Villavicencio.

“La Fiscalía debería pensar que los allegados no tienen información de los sicarios, pero pueden tener información de los casos de corrupción. Lo que quieren es la información de a quiénes investigaba Fernando Villavicencio y lo que quieren es exponernos, que se haga pública la información que muchos ciudadanos han proporcionado de los delincuentes de cuello blanco, bandas narcodelictivas y de policías y abogados implicados en casos de corrupción”, refirió.

Al igual que Carrillo, Figueroa hizo hincapié en que se deberían solicitar los teléfonos de los cinco asambleístas que el excandidato denunció por amenazar contra su vida.

En tanto, el abogado penalista Pablo Encalada explicó que las personas a las que se les solicitó entregar los celulares pueden no hacerlo ya que eso “es parte del derecho a la intimidad” y que se trata de un pedido inusual.

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“Es una diligencia bastante inusual. No recuerdo un caso en el cual hacían de forma tan masiva hayan solicitado la entrega de los teléfonos. Segundo, no es una disposición, es una solicitud, porque las personas que han sido solicitadas están amparadas en el derecho a la intimidad”, indicó.

El penalista agregó que la Fiscalía tiene como alternativa hacer un allanamiento para obtener esos teléfonos celulares “si considera que en contra de una persona hay elementos de convicción importantes respecto de una presunta responsabilidad” y que esa medida “se practica comúnmente en delitos graves”.

Este impulso fiscal fue emitido el martes 3 de octubre y se dio en atención a un requerimiento hecho por Cristina Villavicencio, hija del excandidato presidencial, que el próximo lunes, 9 de octubre, cumple dos meses de fallecido.

El escrito surgió seis días después que Estados Unidos anunció pagar dos recompensas, una de 5 millones de dólares y otra de hasta un millón, a cambio de información que ayude a dar con los responsables del crimen de Villavicencio. (I)