La Fiscalía General del Estado explicó que los cuatro policías retenidos por el movimiento indígena de Cotopaxi, el 18 de agosto de 2025, se encontraban colaborando con diligencias dentro de una investigación previa.
En un comunicado, emitido la noche de este martes, 19 de agosto de 2025, la institución resaltó que se deben establecer mecanismos de diálogo entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, para garantizar los derechos humanos de los gendarmes.
“Fiscalía respeta y reconoce las normas y tradiciones de las comunidades indígenas, incluida la resolución de conflictos en sus propios territorios. Sin embargo, reitera que resulta fundamental establecer mecanismos de diálogo entre la justicia indígena y la justicia ordinaria, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos y la promoción de la justicia en todas sus formas”, dicta la misiva de Fiscalía.
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Cuatro uniformados de la Policía Nacional son señalados por la comunidad indígena por, aparentemente, haber intentado asesinar a Leonidas Iza Salazar, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y excandidato presidencial del movimiento político Pachakutik en las elecciones nacionales de 2025.
La tarde de este lunes, Iza denunció que cerca de las 14:30, en su vivienda en la comunidad de San Ignacio, en el sector Planchaloma, de la parroquia Toacaso, provincia de Cotopaxi, un vehículo con cuatro policías realizaba actividades de “seguimiento, tomando fotos y grabando videos de (sus) actividades sin previa autorización ni bajo conocimiento de la autoridad comunitaria”.
Mientras que para las 17:00 de este martes, la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocanc) convocó a sus bases a participar en una audiencia comunitaria de justicia indígena a los miembros de la Policía.
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De acuerdo con el orden del día, en la audiencia se iba a conformar un tribunal de justicia comunitaria; luego se procedía la presentación de la resolución sobre la infiltración de agentes de la “Dirección General de Inteligencia en la comunidad de San Ignacio”, vulnerando derechos fundamentales y afectando la tranquilidad de la vida comunitaria”; finalmente, estaba la lectura y la aprobación de la sentencia indígena, en la que se dispondrán medidas basadas en sus normas internas comunitarias.
(I)
