El informe sobre el cual se basó la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, para declarar que el derrame de crudo que se produjo por la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en Esmeraldas fue un “sabotaje” es “reservado”, y ella no lo conoce en su totalidad. Solo le entregaron un resumen ejecutivo, declaró ayer la funcionaria en una entrevista con el canal Ecuavisa.
Manzano comentó que este documento llegó a la gerencia de Petroecuador y que en él se alerta respecto a que habría otros intentos de sabotear la infraestructura estratégica en los sectores de Papallacta y Auca; y de afectar ríos y otras acciones. “Debe tener los sustentos respectivos”, indicó.
Al ser consultada respecto a si el país va a conocer en algún momento las pruebas de cómo se provocaron los deslizamientos que generaron la rotura del oleoducto, la ministra dijo que esta información debe conocerla la Fiscalía General para que investigue, pero no confirmó quién y cuándo se planteará una denuncia.
Publicidad
La ministra Manzano indicó que tras lo ocurrido en Esmeraldas, desde el pasado 13 de marzo hasta el jueves de esta semana, se registran 3.753 personas damnificadas. Agregó que de las afectaciones la más complicada es el agua y para ello han estado trabajando para apoyar a los habitantes de los cantones Quinindé, Ríoverde y Esmeraldas con la provisión de agua potable.
En tanto que el ministro de Gobierno, José de la Gasca, dijo que el informe fue elaborado por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y que, por disposiciones legales, solo lo podía entregar a las autoridades directamente relacionadas. Él tampoco conoce el documento completo y se ha enterado del tema conversando con Manzano.
De la Gasca consideró que no es casualidad que surjan estas situaciones de emergencia a las puertas de las elecciones presidenciales. “Por todos lados quieren tratar de hacer ver problemas de gestión por aquí, problemas de gestión por allá.... El daño que han hecho es muy grande”.
Publicidad
Respecto a si harán una denuncia ante la Fiscalía, señaló que eso tendrá que decidirlo Roberto Concha, gerente general de Petroecuador, y que el tema debe manejarse con cautela porque hay muchos “funcionarios infiltrados”. (I)
