El Tribunal Anticorrupción de Pichincha, integrado por los jueces Lauro Fernando Sánchez (ponente), Esteban Israel Coronel y Mabel del Pilar Tapia, suspendió la audiencia y entró a deliberar sobre la apelación a la prisión preventiva que pesa contra de doce procesados por el delito de terrorismo, en el marco del paro nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La diligencia se reinstaló pasadas las 14:30, de este martes, 21 de octubre de 2025, con la presencia de los comuneros detenidos: Alfredo P. C., William Andrés R. L., Washington Jeremy L. P., José Segundo A. Q., Luis Ernesto T. M., Diego Armando L. R., Juan Sebastián M. T., Elvis Damián L. M., Luis Enrique M. F., Luis Alberto C. B. y Berny Jonathan A. A., comuneros de Otavalo, así como con Luis Henry J. E., extranjero, quienes fueron trasladados desde la cárcel de Imbabura hacia la capital, vía aérea.
La audiencia de apelación terminó cinco horas después, antes de las 19:20, luego del diálogo intercultural que se dividió en tres fases.
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En este proceso participaron líderes comunitarios, un facilitador, los jueces y Andrés Cuasapaz Arcos, experto en justicia indígena, delegado de la Fiscalía.
Las autoridades comunitarias observaron que en la justicia indígena no existe la figura de prisión preventiva y brindaron detalles sobre el sistema de garantías que se aplica en los pueblos y nacionalidades en un proceso judicial, expusieron conceptos indígenas, así como las características de los cinco niveles de los gobiernos comunitarios.
Asimismo, en el diálogo intercultural los representantes de las comunidades sugirieron alternativas a la prisión preventiva, como el trabajo comunitario, el control de sus bienes, el reingreso a la comunidad a través de una purificación o la custodia en las comunidades para garantizar la presentación ante la justicia cuando esta la requiera.
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A lo largo de la diligencia se discutió sobre la pertinencia de continuar con una pericia intercultural, un pedido de diferimiento de la Fiscalía General del Estado y la realización de un diálogo intercultural.
Los magistrados escucharon a los abogados de los doce procesados, quienes coincidieron en que no es indispensable que se efectúe dicha pericia, principalmente, porque sus defendidos no cuentan con los recursos económicos para realizar este proceso.
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En tanto que el fiscal encargado, quien reemplazó al fiscal de la causa, Galiano Balcázar, pidió a los jueces diferir la audiencia debido a que el representante titular se encuentra fuera del país y con el fin de evitar que la audiencia se declare fallida. La sala negó esta solicitud tras argumentar que el fiscal encargado tiene a su disposición el expediente fiscal, por lo que resolvió continuar con la sesión.
El juez ponente Lauro Fernando Sánchez suspendió la audiencia y adelantó que, oportunamente, se informará la fecha y hora de su reinstalación. (I)
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