La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) presentó un pedido de juicio político en contra de la vocal del Consejo de la Judicatura Solanda Goyes por supuesto incumplimiento de funciones al “boicotear” a la Judicatura en su intento de crear el Reglamento para la selección de jueces constitucionales, que es un mandato popular tras el referéndum y consulta popular de febrero de 2024.
La solicitud está suscrita por el asambleísta de ADN Fernando Jaramillo y cuenta con 39 firmas de respaldo.
El supuesto incumplimiento de funciones estaría relacionado con el proceso de creación de jueces especializados en materia de derechos constitucionales y la constante obstrucción en la aprobación del reglamento por parte de Goyes.
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El expediente relata que el 16 de abril de 2025, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, convocó a sesión del pleno con el objeto de conocer y aprobar el Reglamento para la selección de jueces constitucionales, cuyo instrumento tiene como objetivo viabilizar la voluntad del soberano erigida como obligatoria.
El proponente del juicio afirma que durante la sesión del pleno 033-2025 del CJ, convocada el 16 de abril de 2025 y toda vez instalado el quorum reglamentario conforme lo dispuesto en el artículo 11 del reglamento de sesiones del pleno del Consejo de la Judicatura, la vocal Solanda Goyes Quelal, de forma abrupta e injustificada, abandonó la sesión plenaria, lo cual impidió continuar con la deliberación y votación del mencionado reglamento, dejando sin efecto la correspondiente sesión.
El 22 de abril de 2025, el presidente del Consejo de la Judicatura convocó a la reinstalación de la sesión plenaria 033-2025; nuevamente se buscaba conocer y aprobar el proyecto de reglamento; sin embargo, a dicha sesión únicamente asistió la vocal Yolanda Yupangui, por lo que, debido a la ausencia de la vocal Solanda Goyes Quelal, la sesión no se pudo instalar por falta de quorum.
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Este tipo de conductas injustificadas de la vocal Solanda Goyes Quelal, además de generar una paralización institucional, ha creado una afectación directa a la ejecución de un mandato popular, obstaculizando el cumplimiento de un proceso legalmente aprobado por voluntad ciudadana. Su comportamiento se constituye en una suerte de boicot institucional, deliberado y contrario al deber funcional de quien ejerce una alta dignidad pública, señala el expediente.
De los hechos descritos, se puede verificar que la vocal Solanda Goyes Quelal incurrió en un manifiesto incumplimiento de sus funciones; su comportamiento al dejar sin quorum una sesión tan importante y no asistir a su reinstalación denota una notoria incapacidad y a todas luces una clara intención de obstruir la ejecución de los fines para los cuales se convoca el pleno del Consejo de la Judicatura, indica el documento presentado en la Asamblea Nacional.
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En el expediente se señala que el abandono injustificado de las sesiones del pleno del Consejo de la Judicatura bien puede considerarse boicot institucional; y es que, mediante su inconducta, la vocal Solanda Goyes Quelal deliberadamente ha bloqueado el funcionamiento regular del órgano administrativo de la Función Judicial, vulnerando con ello el principio de continuidad administrativa y el mandato democrático.
El abandono injustificado del pleno del Consejo de la Judicatura durante una sesión que trataba un punto derivado de un mandato popular constituye una obstrucción directa del cumplimiento de un deber institucional, y por tanto, un acto de boicot institucional.
El pedido pasará a conocimiento de la presidencia de la legislatura y luego a conocimiento del Consejo de la Administración Legislativa (CAL), para la revisión del cumplimiento de requisitos y posterior calificación. (I)
