La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició el trámite del pedido de juicio político a la vocal del Consejo de la Judicatura Solanda Goyes, acusada por el asambleísta oficialista Fernando Jaramillo de un supuesto boicot en la creación de un reglamento para la selección de jueces constitucionales.
Antes de dar paso al pedido de juicio contra Goyes, la mesa conoció el informe emitido por la coordinación jurídica de la Asamblea Nacional, en el que recoge la certificación del Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto a que está pendiente un proceso electoral para la elección de alcalde o alcaldesa y concejales del cantón Sevilla Don Bosco, de la provincia de Morona Santiago, para el periodo 2025-2027. Por lo tanto, no se puede continuar con los juicios políticos en contra de jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), conforme lo determina el artículo 19 del Código de la Democracia.
El pedido de juicio político presentado por el legislador Fernando Jaramillo en contra de la vocal Solanda Goyes está relacionado con la creación de jueces especializados en materia de derechos constitucionales y una supuesta obstrucción en la aprobación del reglamento por parte de Goyes.
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En el expediente se relata que el 16 de abril de 2025, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, convocó a sesión del pleno con el objeto de conocer y aprobar el reglamento para la selección de jueces constitucionales, cuyo instrumento tiene como objetivo viabilizar la voluntad del soberano erigida como obligatoria.
El proponente del juicio afirma que durante la sesión del pleno 033-2025 del CJ, convocada el 16 de abril de 2025 y toda vez instalado el quorum reglamentario conforme lo dispuesto en el artículo 11 del reglamento de sesiones del pleno del Consejo de la Judicatura, la vocal Solanda Goyes Quelal, de forma abrupta e injustificada, abandonó la sesión plenaria, lo cual impidió continuar con la deliberación y votación del mencionado reglamento, dejando sin efecto la correspondiente sesión.
Luego, el 22 de abril de 2025, el presidente del Consejo de la Judicatura convocó a la reinstalación de la sesión plenaria 033-2025; nuevamente se buscaba conocer y aprobar el proyecto de reglamento; sin embargo, a dicha sesión únicamente asistió la vocal Yolanda Yupangui, por lo que, debido a la ausencia de la vocal Solanda Goyes Quelal, la sesión no se pudo instalar por falta de quorum.
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La legisladora de ADN Ana Belén Tapia fue la encargada de mocionar la calificación del juicio político contra Goyes.
La asambleísta Janeth Bustos (RC) comentó que el juicio responde a motivaciones políticas. Su coideario Fricson George (RC) anunció su voto en abstención y dijo que no puede ser cómplice de un proceso que parece estar orientado a facilitar el control político de la justicia.
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La asambleísta Ana Cecilia Herrera (RC) indicó que bajo ningún concepto solaparán el incumplimiento de funciones de ningún funcionario, pero que con esta solicitud de juicio político preocupa que se utilice este proceso y haya la intención de tener algún tipo de injerencia dentro del Consejo de la Judicatura.
También el legislador Nanki Saant (RC) sostuvo que vota por la abstención en el inicio del juicio político contra Goyes, porque “este proceso de juicio no puede convertirse en un caballo de Troya para la manipulación del Consejo de la Judicatura”.
El asambleísta José Nango, del movimiento Pachakutik, indicó que se justifica el inicio de juicio político contra Solanda Goyes porque en varias sesiones abandonó el pleno del Consejo de la Judicatura y violó normas internas, cuando hay un mandato popular de febrero de 2024 en el que los ecuatorianos dispusieron la creación de jueces constitucionales especializados.
Por el inicio del juicio político votaron Nataly Morillo (ADN), José Nango (Pachakutik), Fabiola Sanmartín (ADN), Ferdinan Álvarez (ADN), Ana Belén Tapia (ADN) y María Paula Villacrés (ADN).
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En abstención se pronunciaron los representantes de la bancada Revolución Ciudadana (RC): Janeth Bustos, Fricson George, Ana Cecilia Herrera y Nanki Saant.
Una vez notificada la calificación del juicio político tanto al proponente como a la acusada, se iniciará el plazo de diez días para la presentación de pruebas de cargo y de descargo, y luego de ello, la Comisión de Fiscalización procederá a aprobar un cronograma de comparecencias. (I)
