En el caso Purga, la teoría de la Fiscalía General del Estado es que el exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo M., acusado en calidad de autor, sería el “líder de un grupo criminal” que negociaba y arreglaba resoluciones judiciales en la Corte de Justicia de Guayas para obtener beneficios económicos y materiales. Además, que habría operado a través de un troll center en redes sociales para perjudicar a los adversarios de la organización delictiva.