La asambleísta Diana Jácome, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), presentó una queja en contra del legislador Ronal González, de la Revolución Ciudadana (RC), por provocar incidentes violentos y expresarse en términos ofensivos utilizando un megáfono durante la cuarta sesión plenaria de la Asamblea Nacional.

La denuncia fue presentada ante el presidente del Parlamento, Niels Olsen, y allí narra que en la sesión plenaria el legislador González Valero irrumpió con un megáfono y gritó: “¿Sí me escuchas, sinvergüenza?” a otro legislador. Este acto fue considerado una acción premeditada e intimidatoria, alterando el orden y atentando contra la dignidad parlamentaria.

González, el pasado 20 de mayo, denunció que a la bancada Revolución Ciudadana no se le permite hablar y mocionar en las sesiones del pleno, y dijo que hay un ‘bloqueo’ por parte de las autoridades del Legislativo. Y anunció que la RC compraría megáfonos para pedir al presidente de la Asamblea que otorgue la palabra a los asambleístas de la Revolución Ciudadana en las sesiones plenarias.

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Argumentos

Según la queja, la escena generó sorpresa, incomodidad y desconcierto entre los asambleístas y demás funcionarios presentes en el pleno. El uso de un megáfono, artefacto ajeno a la práctica parlamentaria, representó un acto de desacato simbólico al orden institucional y una burla directa a los mecanismos formales de la deliberación democrática. Se trató de una acción deliberada, destinada a romper con las normas básicas de respeto que deben imperar entre representantes del pueblo del primer poder del Estado.

Lo más grave es que esta conducta no fue aislada ni espontánea. Fue una acción premeditada y ejecutada intencionalmente para provocar, intimidar y exhibir públicamente a otros legisladores; esto en clara contravención de la ética y decoro parlamentario. El acto constituye una forma de violencia verbal y simbólica incompatible con el ejercicio democrático del poder y que debe ser condenada con firmeza, dice el documento.

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Añade que el asambleísta González no solo transgredió las normas éticas, sino que convirtió a la Asamblea Nacional, particularmente al salón Nela Martínez, en un espacio de agresión política personalista, lo cual bajo ningún concepto se puede aceptar, afirma Jácome en el escrito.

Respecto al agravio o improperio expresado por el asambleísta Ronal González Valero en contra de sus colegas asambleístas, en la queja se describe que la palabra sinvergüenza no es un simple calificativo coloquial, sino que constituye una imputación directa a la honorabilidad y a la integridad moral de sus colegas. Su uso en el contexto parlamentario representa una grave ofensa que atenta contra los principios fundamentales del respeto mutuo y la dignidad institucional. Calificar a otro legislador como “sinvergüenza” equivale a negarle cualquier legitimidad ética y a despojarlo simbólicamente de su investidura como representante popular, lo cual resulta inaceptable en cualquier espacio deliberativo democrático, y aún más grave cuando ocurre en el seno de la Asamblea Nacional.

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Que este tipo de expresiones no solo afecta al legislador aludido, sino que mancha la imagen colectiva del Parlamento como órgano plural y representativo. Cuando un asambleísta lanza este tipo de agravios, arrastra consigo a toda la institución a una espiral de descrédito ante la ciudadanía, que ya observa con preocupación el deterioro del debate público.

La Asamblea Nacional no debe permitir que su espacio se convierta en un escenario de confrontación violenta y verbal, que trivializa la Función Legislativa y aleja a la ciudadanía de la política. Este primer acto puede escalar a niveles de agresiones “que hemos visto en el pasado; es fundamental actuar desde el inicio de las actitudes hostiles en el salón del pleno”, señala.

En el texto, Jácome sostiene que la gravedad de lo ocurrido exige una respuesta institucional clara y contundente. No se trata únicamente de sancionar un exabrupto individual, sino de establecer un precedente que reafirme el compromiso de esta nueva Asamblea con los valores del respeto, la ética y el decoro parlamentario. La permisividad ante este tipo de comportamientos sería interpretada como una señal de tolerancia a la violencia simbólica y al desprecio por las formas democráticas, debilitando aún más la confianza ciudadana en sus instituciones.

Falta y sanciones

El acto se configura como falta administrativa muy grave según el artículo 171, numerales 3 y 5, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Esto es, “provocar incidentes violentos o instigación a la violencia en las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional...”, así como “...expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional...”.

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Este tipo de faltas administrativas muy graves son sancionadas con suspensión, sin remuneración, de treinta y hasta noventa días.

“No podemos permitir que la Asamblea se convierta en escenario de agresiones. Esta queja no es personal. Es una defensa institucional”, afirmó la asambleísta Diana Jácome.

La bancada de ADN manifestó su respaldo total, reafirmando su compromiso con una política respetuosa, ética y al servicio del país. (I)