Este viernes, 30 de mayo, la Asamblea Nacional tramitará en primer debate el proyecto urgente para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno, cuyo informe aprobado por la mesa de Desarrollo Económico —según sus voceros— tendría el respaldo no solo de los legisladores oficialistas, sino también de un sector de Pachakutik, del Partido Social Cristiano (PSC) y de los aliados.
El informe del proyecto tiene algunos cambios con respecto al texto que inicialmente remitió el Ejecutivo. La modificaciones tienen relación con la eliminación de las disposiciones del Bloque de Seguridad, zonas seguras y medidas específicas. Por ejemplo, el allanamiento debe ser con orden de inteligencia o el indulto podrá ser dictado a partir de la finalización de la fase de investigación previa.
El proyecto de ley no solo busca el actuar de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de manera reactiva, sino incluso de forma preventiva a la comisión de delitos que generan inseguridad.
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En el informe se aclara que la aprehensión previa sería no solo para fines investigativos, sino también para comparecencia, y se amplía el tiempo de aprehensión de 24 horas a 48 horas.
Además, se amplía el delito de crimen organizado: ya no solo es para quienes participen, sino también para quienes pertenezcan. También se incluye como autores del delito a quienes, sin formar parte del grupo armado organizado, colaboren permanente o esporádicamente con su operación, incluso con actos fungibles y secundarios, como parte del tipo penal con penas de 20 a 26 años.
En el informe de primer debate se amplía de 15 a 90 días el tiempo para convocar la audiencia de juicio.
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Respecto a las donaciones, se permite que estas por parte del sector privado también puedan ser en bienes inmuebles.
La normativa busca crear un régimen jurídico especial que contemple medidas de carácter financiero y de seguridad, orientadas a la desarticulación integral de las economías criminales asociadas al conflicto armado interno. Su propósito es fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar de manera estructural estas amenazas, proteger a la población civil, preservar la estabilidad del sistema económico y financiero nacional, así como fomentar procesos sostenidos de recuperación y desarrollo en las zonas más severamente impactadas por la violencia armada.
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Los allanamientos por conflicto armado interno estarán sujetos a control posterior del juez especializado en Delitos Relacionados con la Corrupción y Crimen Organizado, para lo cual la institución a cargo del allanamiento deberá remitir el informe respectivo en el término máximo de 24 horas de realizado. El juez especializado en Delitos Relacionados con la Corrupción y Crimen Organizado verificará la legalidad de la actuación.
Para aplicar esta ley, el presidente de la República está obligado, mediante decreto, a identificar a los grupos armados organizados que participan en el conflicto armado interno y pudiendo disponer las medidas económicas y financieras necesarias para fortalecer a las fuerzas del orden y proteger a la población civil y sus bienes.
La asambleísta de Pachakutik y vicepresidenta de la Asamblea, Carmen Tiupul, comentó que han presentado las observaciones y que fueron acogidas. Por ejemplo, citó el pedido que hicieron sobre la eliminación del texto que creaba un bloque de seguridad paralelo al Consejo de Seguridad.
Respecto a la categorización de los grupos armados organizados, Tiupul explicó que Pachakutik pidió su eliminación debido a que muchas de las veces se ha confundido y se ha catalogado a líderes sociales, a líderes que han defendido el derecho al agua, a sus territorios como terroristas y con términos despectivos.
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Tiupul dijo que saludan la predisposición del oficialismo de recoger e incorporar los temas que preocupaban a Pachakutik, aunque anunció que en el debate pedirá explicación sobre el alcance de la reformas sobre el uso progresivo de la fuerza.
Destacó que el proyecto, como está concebido en el informe, permitirá otorgar más seguridad a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que puedan combatir a los verdaderos delincuentes y criminales que desafortunadamente están todavía en las calles creando esa zozobra a los ecuatorianos.
“Hoy hemos revisado y hemos observado que el diálogo que se ha sostenido tanto en la mesa legislativa como también lo habíamos hecho llegar y también vamos a sostener próximamente una reunión con el ministro de Gobierno” (sic), apuntó la legisladora de Pachakutik, quien dijo que es necesario mantener el diálogo continuo y permanente.
El asambleísta Steven Ordóñez, que actúa en la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), destacó los aportes realizados al proyecto de ley urgente, y manifestó que cuando llegó el proyecto del Ejecutivo tenía un enfoque del Bloque de Seguridad, pero esos textos fueron eliminados y se dejó tal cual para que sigan las funciones de la Judicatura, de la Fiscalía, del Servicio de Inteligencia, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y también se están creando los jueces anticorrupción para que sean los encargados del crimen organizado, ya que se está haciendo un nuevo esquema jurídico donde primero en el proyecto decía “nuevos jueces” y “nuevos fiscales”.
En torno a los cambios relacionados con la orden de prisión, Steven Ordóñez dijo que el proyecto otorga un plazo de hasta 90 días a la Fiscalía para la investigación previa y así mismo dure todo el caso, y se cambió para que la retención no sea de 24 horas sino de 48 horas. Todo esto es para evitar que los abogados de los delincuentes argumenten ilegalidad en la detención.
El socialcristiano Otto Vera valoró los cambios introducidos en el informe de primer debate respecto al proyecto inicialmente presentado por el Ejecutivo y citó como ejemplo el tema de la prisión preventiva, pues dijo que ya no es una regla general, sino que tiene que haber un sustento para disponer la presión preventiva, como un informe de inteligencia.
Aunque no está convencido de que se amplíe el tiempo de detención de 24 a 48 horas. Dijo que hay mejoras al proyecto urgente, como el hecho de que se antepone el derecho internacional humanitario para efectos de un tipo de allanamientos.
“Pienso que ha mejorado bastante la redacción como vino originalmente, y lo que entiendo es que hay la apertura por parte del oficialismo para que nosotros podamos seguir haciendo aportes, y en la medida de esa transformación hemos visto resultados positivos”, apuntó el legislador Vera.
Destacó que es un gran avance el hecho de que se amplíe el delito del crimen organizado: ya no solo las personas que pertenecen, sino las que colaboran, pues esta norma estará dirigida a personas que indirectamente participen en un grupo armado organizado, colaboren o presten ayuda; ellos también van a poder ser procesados.
Insistió en que celebra los textos que se han mejorado, aunque dijo que aún preocupan los temas de donaciones de bienes a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, donde se debería determinar que estas serían en recursos económicos y no donaciones, porque se puede abrir la puerta para que el mismo crimen organizado empiece a financiar de manera independiente a la fuerza pública. (I)
