Reforma constitucional sobre el rol de Fuerzas Armadas pasaría a la cancha de la Asamblea Nacional

Si la Corte Constitucional (CC) da paso al pedido de reforma parcial que está planteando el Ejecutivo para que se permita el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado cuando el primer mandatario lo disponga, el debate pasaría a la “cancha” de la Asamblea Nacional, según lo determina el artículo 442 de la carta magna .El Gobierno pidió a la CC que se pronuncie sobre esta solicitud la tarde del pasado 31 de octubre, unas pocas horas antes de la serie de atentados a lugares públicos y unidades policiales perpetrados por grupos no identificados en Guayaquil y Esmeraldas. Dos policías fueron asesinados . La pregunta es la siguiente: “Actualmente, las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público, a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1?”.En dicho anexo se plantea una modificación al artículo 158 de la carta magna agregando este texto: “ Previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada ”.El artículo 442 de la Constitución indica que una reforma parcial es un cambio que no supone “una restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución”.Y que puede darse “por iniciativa de la presidenta o presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral, o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional”.La iniciativa debe ser aprobada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo se realizará al menos 90 días después del primero. Y se aprueba con mayoría calificada: 92 votos.“Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes. Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación”, señala el texto constitucional.En principio, el Gobierno quiso realizar esta modificación bajo la figura de la enmienda a través de un referéndum, pero la CC no lo aceptó, pues consideró que esta sí alteraría la estructura fundamental de la Constitución y ocasionaría un fortalecimiento adicional del sistema presidencialista . Indicó que el procedimiento correcto era la reforma parcial. De momento, las FF. AA. solo pueden colaborar con la Policía en el combate a la delincuencia en el marco de los estados de excepción.En los argumentos para insistir en este tema, el Gobierno expone algunos escenarios de crisis en el documento de 20 páginas entregado a la CC y que se basan en el “Plan para la paz”, elaborado por los ministerios de Defensa Nacional y del Interior.Dice, por ejemplo, que en el país la presencia del crimen organizado no es “un asunto excepcional, sino que se ha convertido en parte de la vida cotidiana de los ecuatorianos”. Y cita el Índice Global de Crimen Organizado, según el cual Ecuador se encuentra dentro del 16 % de los Estados donde existe mayor presencia de criminalidad, y que por ello las estrategias estatales de seguridad no pueden supeditarse a los estados de excepción .También, que en los últimos cinco años la situación del crimen organizado se ha agravado, porque las bandas internacionales se han tomado a las locales, las cuales a su vez están enfrentadas por el control del territorio. “En el 2021 el país alcanzó la tasa más alta de homicidios intencionales más alta de la década, estos fueron principalmente motivados por el microtráfico de drogas”, reseña .Añade que, según la Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial, se han identificado 25 grupos delictivos organizados pertenecientes a diferentes organizaciones delincuenciales . Estos, asimismo, “usan armas sofisticadas, munición y explosivos” . “Tal es así que el mercado ilícito más grande en el Ecuador es el del tráfico de armas; superando incluso al del narcotráfico”, indica. Por todo ello, “la capacidad operativa de la Policía Nacional para neutralizarlas y combatir el crimen organizado es insuficiente (...). Existe un desequilibrio entre la amenaza del crimen organizado y la institución encargada de la protección interna” .En la Asamblea Nacional todavía no hay una posición clara de los bloques respecto a la propuesta el Ejecutivo; están a la espera de la respuesta de la Corte y de la decisión final del régimen. Ramiro Narváez, legislador de la Izquierda Democrática (ID) que preside la Comisión de Seguridad, indicó que hay instrumentos internacionales que limitan el rol de los militares en el control del orden público. “Tienen una doctrina, una formación diferente (...). Hoy por hoy, no es adecuado que participen en ello”, dijo.Recordó que en agosto pasado entró en vigor la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, en la que se les da a las Fuerzas Armadas la facultad “de hacer uso legítimo de la fuerza en cumplimiento de sus funciones, control de armas, municiones y explosivos en todo el territorio nacional, y para eso no necesitan de un estado de excepción ni coordinar con la Policía; también tienen el rol de custodiar las fronteras, que es por donde entran las armas y las drogas (...). En resumen, si fortalecemos a las FF. AA. para que cumplan de mejor manera lo que la ley ya les permite hacer, sería una contribución importantísima para el combate a la delincuencia”.El legislador prefirió no adelantar si la iniciativa tendría votos en el Parlamento. “Esto podría volverse un tema de legislación populista. A pesar de que técnicamente no sea viable, algunos legisladores, por dar una respuesta a los hechos lamentables de inseguridad, podrían sumarse. Pero especular es prematuro; depende del debate, de las comparecencias; ahí se irán construyendo las mayorías a favor o en contra”, reflexionó. Esteban Torres, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), señala que, en términos generales, “siempre y cuando no se sacrifique la seguridad externa, que es el trabajo de los militares, es óptimo que apoyen en labores de seguridad interna. Lo externo también está comprometido en este momento por la cantidad de mafias que están en las fronteras, cuyo control sí les corresponde a las Fuerzas Armadas. Decirles que ayuden a la Policía internamente y no dan respuesta en la frontera es algo ilógico”.Pero advierte que hay que esperar a que llegue el documento para tener una postura oficial, “porque con este Gobierno todo cae en la especulación”. Para Elías Jachero, de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), si el tema “pasa a la cancha de la Asamblea”, las bancadas “tienen que ponerse la camiseta del país, no de los partidos políticos”. “Hay que unificar esfuerzos de todos los sectores para salir de esta crisis de inseguridad”.Consideró que en el momento actual la iniciativa de reforma sí podría tener los votos. “Más allá del tema político, es responsabilidad de los legisladores viabilizar estos cambios para darle tranquilidad a la gente”.Contó que en Pastaza, su provincia, se han generado varios encuentros entre la fuerza pública y la ciudadanía para coordinar acciones. En esas reuniones, los jefes militares han dicho que, si bien tienen una formación distinta a la de la Policía, están preparados para combatir al crimen organizado cumpliendo acciones como control de armas y batidas. “Son temas de forma que podrían ajustarse”, refirió. Mientras que Ferdinand Álvarez, de Unión por la Esperanza (UNES), indicó que su bancada aún no ha analizado este tema, por lo cual no pueden pronunciarse.La Corte Constitucional tiene 20 días para responder al pedido del Ejecutivo respecto a este tema. (I)

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