La Asamblea Nacional resolvió negar la autorización para que se inicie el enjuiciamiento penal en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por el delito de concusión en el llamado caso Nene. La decisión, para expertos del derecho, constituye una especie de “blindaje temporal”.

No se lograron los 92 votos para aceptar el pedido de la jueza nacional Daniella Camacho y por ende no se levantó la inmunidad de la segunda mandataria, pero esto no significa que más adelante, cuando termine su periodo, la Fiscalía General del Estado (FGE) pueda tomar acciones y procesarla.

Verónica Abad no enfrentará proceso penal mientras esté en funciones

La Fiscalía General del Estado anunció que retomará el proceso penal contra la vicepresidenta Verónica Abad una vez que concluya su mandato, esto es, el 24 de mayo del 2025. El delito que sostiene la teoría de la institución no prescribe.

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Por ahora Abad no enfrentará un proceso penal y lo que corresponde es que la causa regrese a la justicia ordinaria ya que pasó a Unidad de Fuero de Corte Nacional el 10 de junio por existir elementos y disposiciones directas que la vinculan y que ahora se quedarán en una especie de pausa, asegura el abogado penalista Alejandro Garcés, quien subraya que tampoco vuelve a comenzar de cero.

El caso judicial fue bautizado como Nene y la FGE decidió reformular el delito como concusión, solicitó para el 17 de junio la audiencia para este cambio y según el penalista, esta reformulación del delito se mantendrá, aunque ya no le correspondería llevar el proceso a la fiscal Salazar.

“El caso penal avanzará con los que no tienen fuero ni inmunidad, su hijo y un funcionario más y ellos serán juzgados más adelante, ellos no gozan de protección parlamentaria o inmunidad alguna, lo único que ha pasado es que se crea un panorama de blindaje temporal a Verónica Abad”, dice Garcés.

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El proceso involucra a Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta, y un funcionario. Un audio confirmaría la versión del denunciante ante la Fiscalía, Rommel P., de que le pedían dinero a cambio de un cargo público.

Para el abogado constitucionalista José Chalco, la Asamblea Nacional debía cumplir con dar paso al levantamiento de inmunidad de Abad para permitir que se conozcan los elementos y la teoría que maneja la FGE para su intención de vincularla por el presunto delito de concusión.

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“Todo un debate que tiene que ser estrictamente jurídico se volvió político y no se miró que no hay pruebas que valorar como han denunciado los asambleístas, no hay mérito, prueba, porque ni el juez conoce las pruebas. Todo es una tesis de la Fiscalía y la autorización es para eso, para que se pueda conocer la tesis de la Fiscalía”, subraya.

Chalco dice que una vez con la autorización solicitada se iban a poder conocer los elementos que FGE tiene y pueden ser prueba en un juicio. Cuestiona que el Legislativo puso en la discusión el eventual reemplazo que Abad haría en la Presidencia de la República cuando el presidente Daniel Noboa tenga que hacer campaña electoral con miras a conseguir otro mandato.

“Se podía hasta haber determinado que no había ninguna responsabilidad y se lo llevó al escenario de la culpabilidad y por medio teníamos a la FGE, que ha demostrado ser un organismo serio”, apunta.

‘Juicio político aún es una opción en la Asamblea Nacional’

Aunque no se haya dado luz verde al procesamiento penal de Abad, Chalco dice que ya para los ecuatorianos y para la FGE existe la presunción del cometimiento del delito de concusión por parte de Abad.

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Asimismo, el jurista no descarta que en el Legislativo se reúnan 46 firmas y se presente un pedido de juicio político con base en la teoría de la FGE de presunta concusión y previo dictamen de la Corte Constitucional.

“Se requieren 46 firmas, el dictamen de la Corte y con una reconfiguración de fuerzas en el Legislativo en los próximos meses puede haber los 92 votos y cesar a la vicepresidenta del cargo”, comenta.

No obstante, Garcés difiere y ve difícil que se concrete la vía del juicio político y tomando en cuenta los tiempos que este tipo de procesos conllevan.

“Estos pedidos entran a una lista, según se han presentado y por los tiempos lo veo complicado, aunque nada se descarta y es una carta abierta que por temas de tiempo puede ser improbable que veamos”, menciona. (I)