456 policías de la Zona 8 dejan de patrullar las calles por custodiar arrestos domiciliarios en turnos de 8 horas diarias

Hilda, de 25 años, tiene tres años con la medida de arresto domiciliario tras ser procesada por microtráfico de drogas en 2019.Pese a que ya se emitió sentencia en su caso, la medida no ha sido cambiada y sigue en su casa en Bastión Popular, donde convive con sus cuatro hijos y con tres policías cada día (cumplen turnos de ocho horas cada uno).Cuenta que cuando la detuvieron estaba embarazada y por eso no fue llevada a la cárcel, luego llegó la pandemia y hasta ahora sigue en casa.No puede salir a trabajar, así que se mantiene con lo que le puede dar su madre y con el Bono de Desarrollo Humano que le fue otorgado.Su casa es muy humilde. Son unos pocos metros cuadrados divididos en sala, cocina, una habitación y un baño.Ahí permanecen los uniformados, suelen estar parados en la puerta, pero a veces se sientan en el mueble porque el estar afuera los deja expuestos a algún ataque armado.Uno de los tres policías asignados para cuidar a Hilda ha sido testigo de las malas condiciones en las que sobrevive la familia, incluso le ha tocado colaborar para que completen para una libra de arroz o una lata de atún.Otro de ellos ha empezado a ser atendido en el hospital de la Policía por un hongo en la piel. Él cree que es por las malas condiciones que hay en la casa, donde viven cuatro niños que incluso comen sentados en el piso.Este caso es uno de los 14 arrestos domiciliados que actualmente hay en el distrito Pascuales. A ese territorio hay asignados un total de 380 policías y 42 de ellos son ocupados para cuidar que estos procesados no se fuguen.A nivel nacional serían 370 casos y solo en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) hay vigentes actualmente 152 arrestos domiciliarios, para esto un total de 456 uniformados están asignados a cuidar a los sospechosos.Son el 10 % de los 4.500 uniformados que deben patrullar como parte del eje preventivo en los tres cantones, según las cifras oficiales de la Policía. En la Zona 8 rige actualmente un estado de excepción decretado por el Ejecutivo para contrarrestar los índices delictivos, de enero a la fecha esta jurisdicción registra más de 1.000 muertes violentas.“Ellos deberían estar patrullando las calles y evitando delitos o capturando a los delincuentes, pero son desviados para cumplir estas medidas otorgadas por los jueces”, indica el subcomandante de la Zona 8, coronel Fabary Montalvo.Por esto, la Policía exhorta a los operadores de justicia a dictar esta medida solo en casos extremos o a hacer un estudio y depurar el listado que ya existe, porque se están quedando sin personal, pues hay casos como el de Plácido V. L., un hombre de 80 años detenido por el homicidio de su hijastro.Aunque el crimen se dio en Manabí y allá se dictó además el uso de un grillete, este no ha sido instalado y actualmente cada ocho horas se rota un uniformado para permanecer en casa del adulto mayor, en Nueva Prosperina.Fabary Montalvo dice que en estos casos se podrían dar rondas cada cierto tiempo por el domicilio en lugar de ocupar a tres policías.De estos 152 casos de arresto domiciliario en la Zona 8, 55 son por tráfico de drogas, 16 por delincuencia organizada, 11 por robo, 9 por violación, 9 por abuso sexual, 8 por asesinato y demás delitos.Los distritos donde hay más arrestos domiciliarios son Portete con 27 casos, Sur con 21, Nueve de Octubre con 20 casos, Nueva Prosperina con 19, Modelo con 15, Pascuales con 14, Esteros con 13, Durán con 11, Florida con 8 y Samborondón con 4.La ley dice que se dicta esta medida a embarazadas o lactantes (hasta en los 90 días posteriores al parto), a adultos mayores, a adolescentes y a personas con enfermedades degenerativas.Solo en Pascuales hay actualmente tres mujeres que se benefician de esta medida. Las tres están procesadas por microtráfico. Una de ellas es Hilda.Arresto domiciliario se otorgó también este año a tres adolescentes de ese distrito; dos menores son procesados por sicariato y uno por violación. En el distrito Sur hay otro adolescente procesado por sicariato que cumple arresto domiciliario. (I)

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