El hecho ocurrió el pasado 22 de abril cuando un hombre que se trasladaba en un vehículo fue interceptado por dos motocicletas con agentes policiales, a la altura de la av. de las Américas, en el norte de Guayaquil.
Según la versión del denunciante, los uniformados le ordenaron al ciudadano que se baje del automotor para realizar una inspección.
Inmediatamente, el sujeto acató la orden e indicó que llevaba $ 14.000 en efectivo, que iban a ser utilizados para la compra de un vehículo.
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Posteriormente, los policías le dijeron que de manera obligatoria tenía que seguirlos hasta la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UPC), situada en La Garzota, norte de la urbe.
En ese lugar, según información compartida por la Fiscalía General del Estado (FGE), los uniformados le habrían dicho al ciudadano que el dinero iba a ser incautado, y que si ponía resistencia “le iban a poner droga para vincularlo al delito”.
Tras este hecho, se inició una investigación, ya que el ciudadano presentó la denuncia en la Fiscalía del Cuartel Modelo.
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Además, se revisaron las cámaras de seguridad del Municipio de Guayaquil, lo que habría corroborado la versión del ciudadano.
Los videos también permitieron identificar a los policías involucrados en el incidente, los cuales fueron identificados por el denunciante un día después.
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Con esto, los uniformados fueron aprehendidos y se incautaron evidencias como parte del dinero sustraído, celulares, armas, dos motocicletas y un patrullero.
La audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos se realizó la madrugada del 24 de abril. En la diligencia se presentó la versión de la víctima y el parte informativo y de aprehensión, además de los videos de las cámaras de videovigilancia.
Luego de esto, un juez dictó prisión preventiva para cuatro de los policías: Diego Danilo C. L., Alexis Rodrigo U. C., Jorge Andrés Ch. Q. y Steffany Mishell E. S.
El resto, Walter Omar S. S. y Álex Aníbal B., recibió medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación ante el fiscal del caso.
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Respecto a este suceso, Pablo Dávila, comandante de la Policía de la Zona 8, dijo que si se llega a comprobar la culpabilidad de los agentes durante la fase de investigación, “los servidores policiales estarán sujetos a un trámite administrativo que conllevaría a la destitución de las filas policiales”. (I)
