“Existieron golpes que podrían constituirse como actos de tortura”, dijo Abraham Aguirre, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) tras la segunda diligencia de reconstrucción del caso Las Malvinas.
Esta empezó cerca de las 21:00 de este domingo, 27 de abril, y culminó la mañana del lunes 28, cerca del amanecer.
En esta ocasión hubo tres escenarios: el desvío de la vía Durán-Tambo, un espacio a la altura del peaje de la vía Durán-Tambo y finalmente el camino de segundo orden, situado en Taura, en el cantón Naranjal, provincia de Guayas.
Publicidad
En ese último lugar, un teniente coronel vinculado al caso dispuso un operativo tres días luego que los militares detuvieran a los cuatro menores de Las Malvinas, la noche del 8 de diciembre de 2024, en la avenida 25 de Julio, sur de Guayaquil.
Allí se halló la vestimenta de los niños y fue donde los militares procesados afirmaron en sus anteriores versiones haberlos dejado bajarse del vehículo.
En este sitio también existía, como referencia de la investigación, un árbol caído. A la altura del peaje de la vía Durán-Tambo, mientras se hacía la recreación, uno de los procesados detalló el momento en el que golpearon a los menores.
Publicidad
Su versión explica cómo subieron a la fuerza a uno de los niños a la parte de atrás de la camioneta para golpearlo en la cabeza.
“Los que rindieron su versión indicaron que los chicos fueron golpeados en dos escenarios. Esto determina que ha sido un hecho realmente lacerante”, sostuvo Aguirre, en defensa de las familias de los niños.
Publicidad
La diligencia de investigación contó con la participación de cuatro militares procesados. Christian Eduardo A. Q., Carlos Xavier E. M. y Nelson Oswaldo S. Z., quienes permanecían detenidos en la Cárcel 4 de Quito, fueron trasladados a Guayaquil para ser parte de la reconstrucción tras un pedido de la Fiscalía.
Además, se convocó al teniente coronel Juan Francisco I. M., vinculado al proceso judicial el pasado 11 de abril.
Este oficial manifestó que su participación fue secundaria y que él no tiene nada que ver en la desaparición, dijo Aguirre.
Actualmente, él cumple medidas cautelares y durante su comparecencia aportó detalles que permitirían ubicar con mayor precisión el lugar donde se hallaron las prendas de los chicos, que posteriormente fueron entregadas a la Policía Nacional.
Publicidad
En ese sitio rindieron su versión los cuatro militares. Uno de ellos detalló cómo continuaron golpeando a los menores, les pidieron que se sacaran la ropa e incluso mencionó que un oficial disparó al suelo.
Tras escuchar esta versión, las unidades fiscales empezaron con la búsqueda de la vaina percutida en el punto. Sin embargo, hasta la finalización del procedimiento, no se halló el indicio.
Aguirre descartó que exista una siguiente reconstrucción de los hechos sobre este caso, pues indicó que actualmente se lleva a cabo un proceso paralelo en Quito que investiga la muerte de los niños.
El asesor legal calificó al procedimiento como “eficaz”, ya que esta vez los militares habrían dado más detalles en comparación con la recreación del pasado 16 de marzo.
Para él, los implicados presuntamente estarían intentando “atenuar la pena”.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 84, la pena por el delito de desaparición forzada contempla de 22 a 25 años de cárcel.
Detalló que en este caso existen varios agravantes que podrían extender la pena a 35 años de cárcel para los involucrados. (I)
