El caso de los cuatro comerciantes secuestrados y hallados muertos en una cisterna sigue causando conmoción en Guayaquil. No solo por la violencia que expuso, sino por el accionar desde la justicia.
Un grupo de la sociedad civil se congregó en los exteriores de la Corte para exigir justicia, pues mostraron inquietud por la liberación de dos sospechosos: alias Pinky y Cocacho.
Los sospechosos recibieron medidas sustitutivas en lugar de la prisión preventiva el pasado 31 de mayo. Cocacho fue recapturado este fin de semana tras un operativo realizado por la Policía.
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A las 10:30 de este lunes, 9 de junio, el colectivo puso una queja en la dirección del Consejo Disciplinario del Consejo de la Judicatura. El pedido es que se investigue la actuación de ambos funcionarios públicos y que exista una sanción.
La denuncia fue puesta por Andrés Santos, presidente del movimiento Firmes. “Estamos exigiendo la destitución por infracción gravísima; error inexcusable por parte del juez y por parte del fiscal, dolo”, aseguró.
A esta convocatoria asistieron seis integrantes más del movimiento, entre ellos su director legal, Francisco Chillambo.
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Para él, este tipo de servidores públicos deben ser separados del sistema de justicia.
Chillambo pidió a la ciudadanía que se mantengan vigilantes a dos nombres: Juan Pablo Pulgarín y Rómulo Sevilla, juez y fiscal respectivamente, que conocieron esta causa.
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La Policía se quejó del accionar de la justicia en cuanto a la liberación de los sospechosos.
El Consejo de la Judicatura Guayas informó que la Fiscalía fue la que solicitó medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva para alias Pinky. Y el juez que conoce la causa tuvo que acoger el pedido formulado por la Fiscalía y dispuso la aplicación de las medidas cautelares solicitadas.
Y que en virtud del principio de igualdad y no discriminación, estas medidas también fueron concedidas para alias Cocacho. (I)
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