Que es necesario, y que debió existir desde antes, una unidad que defienda legalmente a la fuerza pública (Policía y Fuerzas Armadas) en sus actuaciones en servicio de la comunidad y frente a la delincuencia, dicen expertos consultados por este Diario, luego de que el presidente Guillermo Lasso decretara, la noche del lunes 18, un nuevo estado de excepción por 60 días en Ecuador, pero esta vez por “grave conmoción interna” ante el aumento de la actividad delictiva.

Ahí, en cadena nacional, anunció también que se creará la llamada Unidad de Defensa Legal a la fuerza pública y que enviará a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Defensa del Deber de la Fuerza Pública.

Los policías deben tener una unidad judicial que siempre esté a la defensa del accionar policial. Los delincuentes y las organizaciones delincuenciales tienen su abogado dentro de la agrupación, su abogado de cabecera, su abogado que a pesar de que han cometido sus fechorías sale a defenderlo y a distorsionar la versión, y he tenido casos… (donde) el delincuente sale a decir: yo pasaba por ahí… el delincuente está asesorado legalmente para distorsionar y negar totalmente cualquier actuación delincuencial”, cuenta John Garaycoa, poligrafista, especializado en seguridad y presidente de una compañía de seguridad privada de Guayaquil.

Una de las actuaciones de la Policía Nacional durante la detención de varios delincuentes el 18 de octubre de este año. Hubo una persecución. Los policías no pueden usar sus armas si no se cumplen tres acciones de manera conjuntan. Ante situaciones como estas, deben perseguirlos para atraparlos primero, según experto. Foto: El Universo

Comenta que para un policía o servidor de la fuerza pública representa también un rubro económico el gastar en la defensa legal de su actuación, adicional a los trámites del proceso e incluso se convierte en un “problema traumático” por el que tiene que pasar tanto el uniformado como su familia. Por eso, agrega, hay quienes prefieren no actuar.

Publicidad

Pero si tienen esta oficina o departamento legal que respalde sus actuaciones como policías cuando han salido a trabajar en función del servicio a la sociedad, ellos van a sentir más confianza al momento de actuar frente a la delincuencia.

Son 162 asaltos de sacapintas en 2021; la Policía ha detenido a casi 100 sospechosos, pero sin denuncias es complicado obtener sentencias

Para Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército y experto en Seguridad, Desarrollo y Defensa, además de esta “cierta confianza” que se le va a dar a la fuerza pública para intervenir, es necesaria una normativa legal que permita “hacer el uso progresivo de la fuerza y (que) respalde a la fuerza pública para poder emplear las armas en beneficio de la sociedad ecuatoriana”.

Pero lo más importante, dice, se debe combatir un problema estructural que no puede resolver un estado de excepción y que se centra en tres factores fundamentales, según su análisis:

  1. Presencia de carteles internacionales y dos protomafias.
  2. Presencia de alrededor de diez megabandas que operan en centros carcelarios y en otros espacios territoriales.
  3. Presencia “de altísimos niveles de corrupción”, que ha contaminado toda la esfera social y gubernamental.

Aquellos factores repercuten en los niveles de violencia e inseguridad que tiene Ecuador, indica el exjefe de inteligencia militar.

Niño murió en medio de enfrentamiento entre policía y delincuentes en el barrio del Centenario, en el sur de Guayaquil

Garaycoa, el presidente de la compañía de seguridad privada, tampoco cree que cambien normativas referentes a las actuales con el tema del uso legal del arma. Considera que es más un respaldo cuando detienen a los uniformados durante su actuar policial. Y menciona que actualmente nadie, ni los policías, pueden sacar su arma y disparar si no se cumplen estas tres circunstancias conjuntas:

“Una, cuando exista la flagrancia. Dos, cuando exista el uso progresivo de la fuerza. Y tres, cuando esté en riesgo mi vida o la de mi protegido o la de un ciudadano. Pero tienen que estar las tres conjuntamente…. Si una de esas no existe, el policía o cualquier persona que hizo el uso legal del arma puede verse involucrado en un uso ilegal. Que quiere decir, que si mañana un ciudadano le arrancha un botín y el ladrón va corriendo, no puede sacar el arma y dispararle en ese momento porque el delincuente está huyendo y no está en riesgo la vida, más allá de que se vaya robando el botín…”, explica Garaycoa.

Publicidad

¿Cómo combatir la delincuencia e inseguridad?

Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército, cuenta que primero se necesita una política pública de seguridad que no hay al momento, así como una planificación de seguridad integral del Estado, que tampoco existe. “Eso no permite articular las acciones de las diferentes instituciones, tiene que haber una planificación centralizada y una ejecución descentralizada”, expone.

Menciona que una reunión que tuvo con el presidente Lasso le había propuesto la creación de una fuerza de tarea conjunta del Litoral ecuatoriano, similar a la fuerza de tarea conjunta de Esmeraldas, “que operó excelentemente bien ante un problema de inseguridad que se presentó ante el ataque terrorista en San Lorenzo, exactamente ese tipo de fuerza de tarea es necesaria aplicarla en el Litoral ecuatoriano”, explica.

Los asaltos, robos y otros delitos van al alza en Guayaquil y en el país. El 14 de octubre, delincuentes irrumpieron en cooperativa de ahorro y crédito, en el centro de Guayaquil. Un guardia resultó herido al intentar evitar el atraco. Foto: Ronald Cedeño  Foto: El Universo

Y esta fuerza debería estar integrada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Fiscalía, el sistema de Inteligencia, la Defensoría del Pueblo y todas, articuladas, operativamente con el Comando Conjunto, pero sobre este Comando Conjunto y esta fuerza el Consepe, para que pueda administrar y direccionar los pedidos para combatir dos factores: el crimen organizado y el narcotráfico. Y eso solo el Litoral ecuatoriano.

De ahí, para el problema central ecuatoriano, la solución está en cambiar las leyes, asegura Pazmiño.

Querían matar a dos guardias de seguridad en el Trinipuerto; les abrieron fuego desde una motocicleta

“Es necesario que se cambien las leyes que están generando una sociedad mucho más permeable para que se posicione el crimen organizado y el narcotráfico. Leyes como la ley migratoria, la tabla de drogas, la situación de no contar con una ley de derribo o una ley de intervención para hacer respetar la soberanía nacional, por citar algunos. Por otro lado, es necesario que cambiemos la concepción que existe al momento de que el problema es solo policial, no es así. La Policía nacional fue desbordada hace mucho tiempo atrás por el crimen organizado y la delincuencia común”, asevera.

Y agrega que además es necesario eliminar los circuitos o subcircuitos de control o de patrullajes que al momento tienen establecidos los uniformados.

“(Se necesita) una presencia disuasiva permanente, (donde) interviene el ejército, la policía, la policía metropolitana y bajo una apropiada selección, capacitación y entrenamiento, las compañías de seguridad privadas. Entonces, con eso se conforma una fuerza que puede hacer una presencia las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días a la semana….El patrullaje tiene que ser permanente”, insiste. (I)