Hace una semana un sicariato que dejó como víctima colateral a una mujer herida puso en evidencia cómo varias clínicas privadas de Guayaquil supuestamente se negaron a atenderla.
María Olga, una mujer que vende maduros asados, en el balde de una camioneta recorrió, según su familia, ocho centros médicos privados en busca de atención, pues tenía un disparo en el pecho. Milagrosamente sobrevivió.
El atentado se dio afuera de un centro comercial de la Kennedy, a pocos metros de un centro médico, donde según Segundo Pilahisin, el esposo de la afectada, no la admitieron porque ella no tenía seguro.
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Esto hizo que los policías subieran a su esposa a un patrullero y que la llevaran al hospital Abel Gilbert, en el suburbio. En ese hospital público se atendía a esa hora a otros heridos de bala, por lo que Segundo, al ver que se demoraban en recibirla, decidió trasladar a su pareja a un centro privado. “Se me moría”, dijo.
Él la subió a la camioneta y recorrió clínicas del sur y centro de la ciudad. No la admitían porque supuestamente no contaban con la denuncia. Luego de cuatro horas, ella fue atendida y el sábado la operaron para extraerle la bala.
No ha sido el único caso. Hace dos semanas un guardia de un urbanización de Samborondón fue herido de bala por un sujeto en estado de embriaguez al que no permitieron el paso a una fiesta en la madrugada.
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Este guardia herido fue llevado por un residente hasta una clínica privada donde tampoco lo admitieron. En el lugar, el herido esperó la ambulancia que lo llevó a un hospital del centro de la ciudad.
Estos hechos pueden ser denunciados ante la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) a través del mail denuncias@acess.gob.ec, en su oficina o incluso través de Twitter, pues negar la atención médica en caso de una emergencia incurre en una violación de la Ley de Derecho y Amparo del Paciente.
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Esto puede ser sancionado con el cierre temporal de la clínica como ya ocurrió hace diez años en un centro hospitalario de la av. Samborondón.
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El área de Emergencia de esa clínica se cerró por 60 días tras la investigación del Acess, pues se confirmó que en el lugar se negaron a atender a un hombre que había sido escopolaminado y que fue hallado cerca de ahí. La víctima falleció por no recibir los primeros auxilios a tiempo.
¿Qué dice la Ley de Derecho y Amparo del Paciente?
El artículo 7 establece que se considera una emergencia “toda contingencia de gravedad que afecte a la salud del ser humano con inminente peligro para la conservación de la vida o de la integridad física de la persona”.
El artículo 9 de esta normativa prohíbe “a los servicios de salud públicos y privados exigir al paciente en estado de emergencia y a las personas relacionadas con él” la presentación de “cheques, tarjetas de crédito, pagarés a la orden, letras de cambio u otro tipo de documento de pago como condición previa para ser recibido, atendido y estabilizado en su salud”.
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Con respecto a la presentación de la denuncia, esta no es necesaria para admitir y estabilizar al paciente. Solo se requiere para extraer una bala en el caso de que el proyectil no se aloje en un lugar que cause riesgo de muerte.
“Si durante la estabilización del paciente se puede sacar el proyectil se lo hace, si no, luego se opera al paciente y se respeta la cadena de custodia de la bala ya con la denuncia”, según un médico que labora en el área de Emergencia del hospital Guayaquil.
¿Qué dicen las clínicas privadas?
El doctor Roberto Gilbert, director de la clínica Guayaquil, menciona que prácticamente cada día llegan a Emergencia pacientes heridos de bala.
Destaca también que el lema de su padre y su abuelo fue que “el tiempo para atender a un paciente es limitado y que tiempo para pagar hay”, por eso aclara que en su clínica sí se recibe a todos los heridos y son estabilizados antes de su traslado a otros hospitales.
Gilbert indica que la negativa de otras clínicas de recibir a personas baleadas no es por “quién va a pagar la cuenta”, porque el Ministerio de Salud Pública (MSP) paga aunque atrasado, refiere.
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La preocupación real, dice él, es que lleguen después hombres armados a tratar de rematar al herido, como ya ha ocurrido.
Él menciona que a su clínica llegan siempre policías heridos y que son estabilizados e inmediatamente se los traslada al hospital de la institución, porque admite que su personal de salud y los otros pacientes temen lo que pueda pasar.
Esto ocurre pese a que el año pasado se activó el Código Plata en los centros hospitalarios donde se atiende a baleados. Esto se dio luego que la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpee) solicitara al Ministerio del Interior mejores condiciones.
Este código implica la presencia policial en la habitación y en los exteriores del centro hospitalario sin necesidad de una orden judicial. (I)
