¿Es posible controlar quién compra o alquila casas en una urbanización?: conjuntos residenciales han sido escenarios de delitos

La masacre ocurrida el sábado pasado en una urbanización de Daule ha generado inquietud en torno a qué controles pueden realizarse para evitar que antisociales alquilen o compren casas en conjuntos residenciales privados que después se convierten en escenas de delitos como el acopio de drogas, secuestros o asesinatos.El crimen múltiple en el que fueron asesinadas cinco personas, entre ellas un menor de edad, provocó preocupación entre los residentes de esta urbanización ubicada en la avenida León Febres-Cordero.No es la única urbanización donde ha ocurrido y por eso hay quienes aseguran que esta situación incluso afecta la plusvalía en ciertos sectores.Pese al malestar de los residentes y la desconfianza que hay ahora con respecto a “quién vive en la casa de al lado”, poco pueden hacer los administradores o los propios moradores de las urbanizaciones.Esta situación se debe a que solo se puede pedir a los dueños de las casas tener cuidado al alquilar y vender, pero no es posible poner restricciones, dice Guillermo Ayala, quien durante años estuvo al frente de la Federación de urbanizaciones de la vía a la costa.Él sostiene que años atrás tuvieron algunos inconvenientes en varios conjuntos de ese sector, precisamente por este tema.Incluso hubo una protesta por un alquiler a personas que eran testigos protegidos en un caso de narcotráfico y quienes debían permanecer con arresto domiciliario en la urbanización.El abogado penalista Julio César Cueva refiere que no es posible prohibir a una persona con antecedentes o sentenciado por un delito comprar o alquilar una casa, que eso podría incurrir en discriminación y que es inconstitucional.“Eso sería una interferencia ilícita en el ejercicio del derecho de uno de los atributos de la propiedad, que es la libre disposición”, explica el jurista.Lo que sí han hecho muchas urbanizaciones en su reglamento interno es prohibir el alquiler de casa para hospedaje ocasionales (en la plataforma Airbnb) porque se dieron casos en los que “los huéspedes” llegaban dos o tres días a los conjuntos cerrados o edificios para ingresar a robar a los vecinos cuando estos se iban a trabajar.Eso pasó en un edificio donde vivía Cueva hace pocos años. Los residentes indicaron al dueño del departamento que lo iban a denunciar a él por los objetos perdidos y se acabó esa dinámica, cuenta el abogado.Pero a la hora de la venta el tema es más complicado. Solo las constructoras o empresas inmobiliarias analizan el perfil del comprador para tratar de mantener un cierto estatus en las ciudadelas.El problema viene cuando ese primer dueño va a vender su propiedad. No hay nada que le impida venderla a una persona con antecedentes judiciales o sentencias.“Aquí los vendedores se vuelven cómplices silenciosos”, dice el presidente de la Asociación de Notarios del Guayas, Humberto Moya, quien cuenta que hay ocasiones en las que una casa avaluada en $ 100.000 es comprada en $ 150.000.Luego el vendedor le devuelve al comprador los $ 50.000. Ahí ya están lavando dinero.El representante del gremio aclara que en ese sentido los notarios ejercen cierto control y que cada mes emiten informes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de la Fiscalía. Si no se emite este informe, el notario puede ser destituido, remarca.La UAFE debe revisar toda transacción superior a los $ 10.000 para comprobar que se hace con fondos obtenidos de manera lícita.El problema, dice el abogado Julio César Cueva, es que UAFE no contaría con un software actual que esté conectado con el Registro de la Propiedad y con los bancos para que se emita una alerta inmediata.Él lleva mucho tiempo diciendo que si este sistema se actualizara y se reforzara el factor humano, sí se podría combatir el lavado de activos, que se da principalmente con la compra de propiedades.El notario Humberto Moya cuenta que ha visto casos en los que llega una persona con un ingreso de $ 700, que vive en una zona popular, a tratar de comprar en efectivo una casa de $ 200.000 en una urbanización.Eso es una alerta e inmediatamente se les hace llenar un formulario y se notifica a la UAFE para que los investiguen, expresa.En el caso ocurrido el fin de semana pasado en Daule se mencionó que la compra se dio hace poco y que en efectivo se pagaron $ 120.000 por la propiedad donde ocurrió el asesinato múltiple.Cueva añade que al llevar este dinero al banco, el vendedor debe justificar qué propiedad vendió y a quién y que el banco envía también un informe a la UAFE para que investigue la transacción. Se llama reporte de actividades sospechosa. (I)

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