Policías, militares y funcionarios de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Irregulares han visitado este martes casa por casa el sector de Fincas Delia, una de las primeras zonas intervenidas del cantón Durán.
En este sector se revisa la documentación de los habitantes porque muchos de quienes vivían ahí aseguran haber sido desplazados de forma violenta por las bandas. Otros dicen tener que pagar altas sumas de dinero por concepto de vacunas para no ser desalojados de sus propias casas.
Incluso denunciaron que les exigían hasta 8.000 dólares para dejarlos volver a sus viviendas y que después de meses de huir de la violencia del sector encontraron a personas ocupando sus inmuebles, quienes aseguraron hacer comprado las propiedades y tener los documentos.
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Así le pasó a Mónica, una mujer de 43 años que explica que desde el 2009 llegó al sector. Ella tiene el documento de derecho de posesión y cuenta que junto sus familiares le tocó huir de su casa hace un año porque hombres armados le fueron a disparar a la fachada. Ella tenía una despensa en el lugar.
Este martes, Mónica, su esposo, su hijo menor de edad y sus hermanos llegaron hasta el sector para tratar de desalojar a los nuevos habitantes con ayuda de los uniformados.
Ana, la mujer que vive en la casa de Mónica, aseguró que había comprado el inmueble y que tenía la documentación, aunque no dijo a quién le pago y quién firmó los papeles.
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“Hice dos pagos de mil dólares y he seguido pagando cuotas. Si ella quiere que me vaya que me pague”, dijo Ana, ocupante del inmueble esquinero que tiene al menos tres puertas enrollables y donde funcionaban varios locales comerciales.
La mujer añadió que además paga una vacuna para habitar en la zona y no ser atacada. También aseguró que si la dueña no le paga iba a tumbar parte de la casa porque en los últimos meses había hecho algunos arreglos y había invertido su dinero.
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Hay al menos 40 casos similares, dice Evelin Montalván, responsable zonal 8 de la Secretaría de Prevención de Asentamientos Irregulares.
Juan y Mariana son esposos, tienen 60 años y también llegaron a reclamar su casa. Mostraron el certificado de posesión a su nombre y contaron que debieron huir en octubre del 2023 e ir a alquilar a otra zona porque si seguían ahí los mataban.
Quienes ocupan su casa hoy aseguran también que compraron la vivienda en la oficina paralela al municipio donde se emitían papeles y que fue allanada el pasado miércoles, hecho denunciado por el presidente Daniel Noboa.
Con una carpeta llena de papeles trataban de justificar su permanencia en el lugar, pero los funcionarios que realizaban el censo les notificaron que habían sido estafados y que debían poner la denuncia.
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También les notificaron que tenían de plazo hasta el viernes para retirar sus cosas y devolver las casas a quienes tienen el certificado de posesión. (I)
