Que la seguridad es una deuda compartida entre el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados. Que más que discusiones políticas estériles lo que se requiere es acción concreta y eficaz coordinada entre cada instancia para evitar que en las calles continúe el derramamiento de sangre, en muchos casos, de inocentes a manos del crimen organizado.