Entre la noche del martes y la madrugada del miércoles pasados, la Policía, en coordinación con la Fiscalía, ejecutó ocho allanamientos en varios sectores de Guayaquil y detuvo a seis personas presuntamente vinculadas con explosiones registradas este año en la Universidad de Guayaquil, a las cuales se les dictó prisión preventiva. Cinco de los detenidos son procesados por terrorismo, cuya pena oscila entre los 10 y 13 años de cárcel; y uno por almacenamiento de municiones y explosivos, castigado con entre 5 y 7 años. La ministra de Gobierno sostuvo que entre los detenidos hay dirigentes y exdirigentes de la Universidad. 

En octubre del año pasado, dos funcionarios reclamaban el rectorado y grupos afines a ellos se enfrentaron con piedras y palos. El Consejo de Educación Superior resolvió la intervención de la Universidad. Posteriormente se registraron varias explosiones que el rector e interventor ha atribuido a grupos que pretenden  mantenerse en el poder. 

Es saludable que en la Universidad se propicie el debate y la participación política de manera civilizada y democrática. Hechos contrarios deberán ser sancionados.  (O)