El gobierno llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario, y se comprometió a un ajuste que no puede cumplir.

Los hechos demuestran que mejorar la situación fiscal en más de $5000 millones en tres años va más allá de sus capacidades. Se requiere acción en tres frentes: tributario, combustibles y gasto burocrático. Pero el gobierno se da contra los dientes.

La reforma tributaria se centra en el alza del IVA al 15 %, lo que el gobierno puede proponer a la Asamblea, pero no tiene apoyo para su aprobación. CREO y PSC, si bien ambos están comprometidos con el saneamiento fiscal, discrepan con el Ejecutivo que el ajuste deba pasar por subir los impuestos. El jueves, el ministro Martínez anunció que el presidente desistía de proponer el alza del IVA y no se incluiría en la reforma tributaria.

La eliminación del subsidio a los combustibles, el gobierno la decretó, pero luego retiró porque debido al violento levantamiento indígena, solo la hubiera podido mantener a sangre y fuego. En principio no se ha abandonado la intención de subir los combustibles, pero el gobierno aceptó subordinarse a lo que decida la Conaie, la que no tiene ningún apuro en proponer una fórmula. Salvo que el gobierno decida retomar la iniciativa, no habrá alza, y si la hay, generaría recursos muy por debajo de lo inicialmente previsto.

Poner a dieta a la obesa burocracia mediante un estricto régimen de reducción del rol de pagos de las administraciones públicas generaría protestas quizá agresivas, ahora que se sabe que el gobierno está débil y da marcha atrás ante los violentos.

Las autoridades deben plantear al Fondo reducir las metas de ajuste para este trienio, y un mayor apoyo financiero.

Si el gobierno hubiera mantenido la eliminación de subsidios reprimiendo a los insurgentes, lo cual está en sus atribuciones, la opinión internacional hubiese condenado al FMI por exigir un programa que solo se podía imponer a bala limpia.

Tampoco el Fondo puede permitir que la economía nacional colapse y acumular un segundo fracaso después de Argentina. Sería sufrir reveses en los dos únicos programas de ajuste en Latinoamérica. Con los dos gobiernos que buscan reorientar sus economías luego del desastre del socialismo del siglo XXI y que destapan la corrupción del gobierno predecesor.

El programa debe replantearse, en dos frentes:

Que el Ecuador no tenga que recurrir a los mercados internacionales. La facilidad extendida del FMI para Ecuador es 4,4 veces la cuota del Ecuador con el Fondo. La de Argentina, 12,8 veces. Hay espacio para que el FMI incremente el monto de su crédito.

-Un ajuste más gradual. Que el gobierno actual haga todo el esfuerzo posible para reducir el déficit fiscal, pero que no se le pida lo políticamente imposible. Debe apresurarse con el objetivo de recaudar fuertes sumas a cambio de la delegación de la operación de activos estatales a empresas privadas.

Pero que el ajuste lo complete el próximo gobierno, con un nuevo mandato y fuerte apoyo legislativo.

Eso es lo que le conviene al gobierno nacional, al Fondo Monetario, y lo que es más importante, al pueblo ecuatoriano.

(O)