La Fiscalía General del Estado, con la conducción de la Dra. Diana Salazar, posesionada el 8 de abril de 2019, ha mostrado un cariz de gestión diferente al que se había apreciado en años anteriores.

Es destacable su frontalidad al encarar las investigaciones que involucran las tramas de corrupción de alto nivel en nuestro medio. Pero quizás lo más relevante de su gestión sea su orientación hacia la reestructuración de los procesos administrativos para generar cambios en los procedimientos. Una muestra de ello se apreció al coordinar con la Policía Nacional la conformación de una fuerza de tarea que investigue los casos de corrupción durante la emergencia, pues no todos los fiscales respondían apegados a su deber.

En el informe de rendición de cuentas, Salazar define en tres aspectos su gestión: transparencia, innovación y efectividad, sin dejar de señalar las carencias.

La fiscal refiere que se ha desarrollado un nuevo Código de Ética, elaborado con la asistencia técnica de la ONU, y ha abierto un Buzón de Transparencia para recibir denuncias de la ciudadanía sobre actos de corrupción originados en las fiscalías y demás puntos de atención.

En el 2019 se remitieron 71 procesos disciplinarios al Consejo de la Judicatura, se registraron sanciones para 37 servidores, se revisaron 933 expedientes fiscales a escala nacional y se enviaron 56 informes de control jurídico.

La Fiscalía General cuenta con 837 fiscalías entre multicompetentes y especializadas, en las que trabajan 840 fiscales con sus equipos a escala nacional. Sin embargo, con base en estándares internacionales actuales, faltan 841 fiscales y debe crecer en infraestructura en un 65 %.

Diana Salazar dice estar consciente de que resta un camino largo por recorrer en todos los ámbitos de acción de la Fiscalía, por lo que hace un llamado público a las demás instituciones del eje de justicia, para realizar una labor conjunta, transparente y bien coordinada. La colectividad debe exigirles que el llamado sea correspondido. No hay que dejarlo pasar.