Lo que sucede en nuestro país es para Ripley.
Un gobierno a través de un ministerio tiene la competencia exclusiva de la salud del pueblo prevista en el artículo 260, numeral 6, de la Constitución, y cuando se sintió impotente frente a la pandemia del COVID-19, delegó a los COE cantonales y, por ende a los municipios, que tomen a su cargo las acciones del salvataje de la población.
Dichos COE asumieron todos los riesgos y gastos con sus limitados recursos para adquisición de pruebas rápidas y PCR para las casas de salud públicas que no las poseían, ya con los kits alimenticios para la población que se abstuvo de trabajar para evitar contagios como lo dispuso el Gobierno. Esos valores y recursos invertidos por los municipios para salvar las vidas de miles de compatriotas, el Gobierno debe sumarlos a la deuda que tiene con los gobiernos descentralizados por falta de pago de sus ingresos de participación para contrarrestar la pandemia. De esta supuesta deuda nadie dice pío, ni los candidatos finalistas a la Presidencia que desconocen la realidad nacional. Pero ahora que los GAD municipales en su deseo de evitar más muertes desean importar directamente las vacunas ya que el presidente que no tuvo la visión de estadista como la tuvieron los de Chile, Colombia, Israel, Estados Unidos, entre otros que se adelantaron a adquirir las vacunas; el de Ecuador no aprueba la licencia a los municipios, aduce ahora sí, que es su competencia y del Ministerio de Salud.
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Y ni se cumple una sentencia de juez disponiendo que se publique la lista de los vacunados con las incipientes cantidades de vacunas llegadas al país, incumpliéndose la Ley de Transparencia y Control Social en un país en donde las cortes brillan por su ausencia y ciertos asambleístas tapan el sol con un dedo por su ineficacia. (O)
Gustavo Chiriboga Castro, economista y abogado, Quito
