Las amenazas, atentados y el asesinato de dos funcionarios de la municipalidad de Durán avalan la reciente decisión del alcalde de ese cantón, Luis Chonillo, de incrementar la seguridad de las instalaciones y de contratar quince custodios privados para la protección de sus principales autoridades.

“La inseguridad y el alto índice delincuencial escalan niveles históricos en Ecuador. La zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón, es la que mayormente ha sido afectada por esta ola, incrementando sus cifras de homicidios, extorsiones y robos”, justifica la entidad en varios informes que señalan la necesidad de contratar el servicio de seguridad cuyo proceso se publicó el miércoles 15 de noviembre del 2023.

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Los documentos determinan la asignación de $ 550 mil para la contratación de 39 agentes de seguridad privados, 24 de ellos con autorización para uso de armas letales -18 con operatividad las 24 horas del día- y el restante sin armas y con atención de 10 a 12 horas diarias.

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“El servicio esperado es poder precautelar la integridad de las personas que se encuentren dentro de las instalaciones a ser vigiladas, así como sus autoridades y directivos (…) de posibles acciones vandálicas, terrorismo, robo, hurto”, mencionan los informes del cabildo en donde se detalla cronológicamente los actos delictivos que ha enfrentado la nueva administración a partir de mayo del 2023.

El primer suceso ocurrió el 15 de mayo, mismo día en que el alcalde asumió el cargo y fue víctima de un ataque armado que no le ocasionó la muerte, pero que dejó cuatro heridos y dos fallecidos, entre ellos un policía y una víctima colateral.

En agosto se produjeron dos hechos más que alarmaron a los duraneños, entre ellos el asesinato en manos de sicarios del director de Planeamiento Urbano del cabildo, Miguel Santos Burgos, ocurrido el 3 de ese mes, y la persecución, en medio de disparos, de dos delincuentes que desde Durán huyeron con 462 kilos de cocaína y heroína, y a quienes la Policía aprehendió en los alrededores de la terminal terrestre de Guayaquil, el 7 de agosto.

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Entre septiembre y octubre, más atentados se suscitaron en el cantón. El concejal Bolívar Vera fue secuestrado y más tarde asesinado, la gerenta del Registro de la Propiedad de Durán también sufrió un atentado de un grupo de motorizados que disparó contra su vehículo y que provocó cuatro heridos, también otra funcionaria de esa entidad recibió un sobre que contenía una bala y una amenaza escrita contra su vida.

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Debido a la inseguridad, Durán fue el único cantón de la zona 8 en el que se aplicó el estado de excepción el 24 de julio pasado, junto a las provincias de Manabí y Los Ríos. En agosto, la medida se extendió a todo el país y en octubre fue nuevamente renovada.

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El contrato para la dotación de los 39 agentes de seguridad para la municipalidad de Durán regirá por un plazo de seis meses, se prevé adjudicar la primera semana de diciembre y actualmente se encuentra en la etapa en que los contratistas interesados hacen preguntas y piden aclaraciones. Entre los requisitos que señala el proceso para el personal de seguridad se incluyó 24 armas letales y 39 chalecos antibalas con soporte de tolete y porta armas.

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Entre las tareas especiales que tendrá el contratista se mencionan “detectar a personas y vehículos sospechosos que merodean las instalaciones e informar inmediatamente (…), proporcionar una fuerza de reacción (armada y motorizada) que esté en condiciones de hacer presencia física con fines disuasivos, tan pronto como sea requerida, en un tiempo no mayor a diez minutos, evitar atentados y la toma de las instalaciones, realizar patrullajes y recorridos continuos por todas las instalaciones”.

La actual contratación de seguridad, especialmente por la necesidad de “custodia personalizada para las autoridades”, requirió un ‘informe de pertinencia’ de parte de la Contraloría General del Estado, entidad que lo aprobó el pasado martes 14 de noviembre.