Parecería que en el Ecuador las instituciones y las leyes protegen más a los malhechores, sobre todo a los de cuello y corbata, que a los ciudadanos honrados, comenzando por la Constitución, en la cual algunas disposiciones fueron hechas a la medida, justamente para evitar el encarcelamiento de funcionarios incorrectos y sus compinches, encargados de esquilmar los escuálidos fondos del erario nacional.
La reciente negativa de la Corte Constitucional al pedido del primer mandatario de permitir la reforma al art. 77, n.º 10 y 11 de la carta magna para que la prisión preventiva sea obligatoria para los sospechosos de terrorismo y crimen organizado es un ejemplo de ello. Los magistrados fundaron sus argumentos aduciendo que se afectan derechos y garantías, porque se permitiría que un juez actúe desde el inicio de un proceso con la presunción de culpabilidad de un detenido, en desmedro del derecho a la presunción de inocencia; que anularía la función de la Fiscalía de proporcionar elementos sobre los cuales el juzgador podría dictar prisión preventiva y demostrar que otras medidas cautelares son insuficientes, y que daría pábulo a que un juez se limite a motivar su decisión “sin oportunidad para valorar los indicios presentados por la Fiscalía y la proporcionalidad de la imposición de la medida”.
Ellos expresaron también que las garantías y derechos constitucionales “no constituyen privilegios ni excepciones aplicables a determinados grupos, sino que son garantías fundamentales que protegen a toda la ciudadanía y aseguran el sometimiento a un debido proceso”, lo cual es cierto en la teoría, desde luego, y, por tanto, deben someterse a lo que dispone la Constitución, garantista en extremo.
Ante esto, nos surge esta inquietud: ¿a quiénes estamos aplicando esas garantías fundamentales para asegurarles un sometimiento a un debido proceso? De la realidad que veremos a continuación, creeríamos que no a los de bajos o ningún recurso.
La población carcelaria en Ecuador es de 33.623 internos en las 35 prisiones del país. La mayoría está detenida, en las zonas rurales, por femicidio, abuso sexual, acoso, violación y homicidio; y, en las urbanas, por robo, secuestro, asesinato, estafa, fraude, tráfico de armas, entre otros. ¿Cuántos están presos por peculado o soborno? Casi nadie. ¿Quiénes causan más daño a la sociedad, los que roban un celular o los que extorsionan a los ciudadanos desde la Función Judicial y la Administración pública o los que se llevan miles de millones de dólares de las arcas nacionales a través de los grandes negociados?
Con esas ingentes cantidades de dinero que atesoran los delincuentes de cuello blanco y dorado, para vivir como reyes hasta las generaciones futuras que nunca verán, sacaríamos de la miseria a millones de ecuatorianos y ya no llenaríamos las cárceles con gente acusada de otros delitos menores, ni habría más de 1.115 enfermos de tuberculosis en los centros penitenciarios.
Los delincuentes comunes no tienen para comer, menos para irse del país con toda su familia y vivir en la opulencia, como lo hacen los de cuello y corbata.
Reitero la pregunta: ¿a quiénes estamos protegiendo? (O)
