Una de las mesas de trabajo en que las máximas autoridades del Gobierno escuchan las exigencias de la dirigencia indígena concierne a los precios de los combustibles. La Conaie requirió la reducción de precios, lo que el Gobierno acató, y ahora la Conaie quiere la focalización.

El Gobierno debe empezar por establecer un sistema de subsidio al transporte urbano e interurbano, que es el subsidio que más se justifica, ya que, para el pueblo llano, el costo del transporte diario al lugar de trabajo o de menores a la escuela es un rubro muy pesado en su presupuesto.

Presumimos que, adicionalmente, el requerimiento de la Conaie es de algún sistema mediante el cual, a los indígenas, la gasolina para sus camionetas y diésel para sus tractores les salgan más baratos de lo que ya son.

Un tal planteamiento sería aceptable si a cambio la Conaie permite al Gobierno retomar el sistema de bandas para ir incrementando el precio de la gasolina y diésel subsidiado al ritmo de 3 % mensual, con lo cual se reduciría el subsidio que, según nuestro estimado, en los últimos doce meses le costó $ 1.500 millones por la gasolina y otro tanto para el diésel. Lo contrario, subsidio general y además focalización, no es aceptable.

Sería la oportunidad de buscar la focalización del gas. El alza del precio del gas solía ser la bandera de lucha de la Conaie, hasta que las autoridades claudicaron y aceptaron el congelamiento indefinido. Solo desde entonces la Conaie lucha por la gasolina y el diésel.

Un justificativo para el subsidio al gas es que, si es muy caro, en el campo se volvería a quemar leña o carbón, lo cual incidiría en la deforestación. Se podría beneficiar con subsidio al gas a los receptores del bono de desarrollo humano, mediante algún sistema de cupos que puede ser electrónico ahora que el uso de teléfonos inteligentes es difundido. Eso permitiría incorporar el gas al sistema de bandas de precios. Estimamos que el subsidio al gas costó al fisco unos $ 700 millones en los últimos doce meses.

El subsidio no es el único problema con los combustibles. La inoperancia de las empresas públicas tiene al sector energético en soletas. Hace cincuenta años el gobierno militar dejó una flamante refinería que Petroecuador ha sido incapaz de mantener en buen estado. A su vez, el sesgo estatizante de la burocracia petrolera ha impedido el establecimiento de refinadoras privadas. El resultado es que importamos combustibles de alta gama a precios elevados, para mezclar con los productos de baja calidad de nuestras refinerías y eso vender al público. Se da el caso insólito que, en mayo, importamos nafta a $ 144 y diésel a $156, con lo que los ingresos petróleos netos en mayo en que exportamos petróleo a $101 el barril, fueron menores a los de mayo 2021 en que exportamos a $ 61. Todo porque gastamos mucho más en la importación.

Luego está la conversión de las camaroneras de diésel a electricidad, que permite ahorrar diésel caro, aprovechar la hidroelectricidad de la que se supone tenemos excedente (¿tenemos? ese es otro problema), y se reduce el impacto ambiental. Desde hace años hay una línea internacional de crédito para que la CNEL extienda la red eléctrica, pero no se la aprovecha. Esta es la ocasión para hacer una reingeniería de la producción y venta de combustibles. (O)