Históricamente se ha comprobado que el Estado es un mal administrador de diversos sectores del mercado, representado mediante las empresas públicas en cada uno de estos espacios. Esto, debido a que el Estado tiene un fin social primordialmente, diferente casi siempre al fin de productividad de las empresas como tal. Es por esto que en los países del primer mundo y en economías desarrolladas, generalmente el Estado tiene un fin de regular o enmarcar el desarrollo y operatividad de ciertas empresas que generando riquezas para sí, generan a la vez empleo, trabajo, desarrollo y algunos otros beneficios a la sociedad. Con la nueva ley de inversión, que no fue aprobada, el Ejecutivo quería darle un alivio a su economía mediante la inversión de ciertas empresas privadas en sectores estratégicos.

Inversión y privatización son conceptos distintos, pero en la práctica ambos generan algo en común que se llama desvinculación del talento humano de las empresas. Para los ecuatorianos promedio que trabajamos en el sector público, nos gustaría leer o conocer cómo variará la tasa de empleo con la optimización del talento humano frente a la cantidad de inversión que se realice. Finalmente, ¿habrá más empleo por la cantidad de empresas que vendrán? ¿Se reducirán los salarios de los obreros? Es indudable y por todos entendido que el Estado creció desmesuradamente y que el impacto de este crecimiento es inviable e insostenible, sin embargo, esta problemática se asocia a que tampoco hubo desarrollo durante este crecimiento. Por ejemplo, no se tecnificaron los procesos, no hubo industrialización, entre otros parámetros. Entendiendo que debemos reducir el Estado, a los ecuatorianos nos gustaría saber las consecuencias (estadísticas) que esto generará en los periodos de transición, y tal vez así estuviésemos más tranquilos y apoyaríamos estas iniciativas del Ejecutivo.

Paralelo a este cambio de modelo del funcionamiento estatal, sería adecuado que el Gobierno mire hacia otros sectores en donde también existen problemas de eficiencia. Por ejemplo, que se revisen los procesos de contratación de bienes, obras, servicios y personal de distintas universidades del país; diversas contrataciones de obras de las ciudades pequeñas, en donde contratos duran periodos de tiempo que ya rayan en lo absurdo. Esto, y además la corrupción que aún existe en las empresas, también genera una pérdida importante para el Estado. Si los ecuatorianos viésemos que se subsanan estas irregularidades, seguramente presionaríamos a los sectores políticos para lograr esta denominada gobernabilidad. El pueblo, los votantes y los verdaderos dueños del patrimonio llamado patria queremos que exista gobernabilidad, queremos apoyar a un Estado eficiente pero a la vez justo.

Presidente, creo firmemente que es hora de cambiar de estrategia y buscar el apoyo popular mediante el castigo a la corrupción, a los porcentajes recibidos por adjudicar un contrato, al cobro de valores por puestos de trabajo, entre otros. Con el apoyo popular, los sectores de oposición se verían obligados a que el Ejecutivo pueda gobernar y podamos sacar al país adelante. (O)